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Todo un revuelo político causó la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, así como al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado y otros funcionarios públicos, por presunta participación política.
Tan pronto como la procuradora Margarita Cabello diera a conocer la decisión, el mismo Quintero, así como el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se pronunciaron al respecto, coincidiendo en sus posturas políticas.
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En su cuenta de Twitter, Quintero calificó la suspensión provisional como un "golpe de Estado, que ha iniciado en Colombia".
Al mismo tiempo, Petro se pronunció al respecto y pidió a la ciudadanía y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "defender el voto popular".
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Además indicó que "ya un procurador fascista" lo había suspendido siendo alcalde de Bogotá, refiriéndose a Alejandro Ordóñez. Pero explicó que "la sentencia de la CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano. La procuradora, buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana".
