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La Corte Constitucional se pronunciará sobre la expulsión discrecional de ciudadanos extranjeros cuando se ven implicados en actos de protesta social. Aunque la discusión inicia en un momento en que el país expulsó a la ciudadana alemana Rebecca Sprösser, por participar en las manifestaciones de la protesta social, el caso es otro.
Tiene que ver con la expulsión de un grupo de venezolanos que, al igual que Sprösser, participaron en la protesta social, pero fueron vinculados con supuestos actos de vandalismo en medio del paro del 2019.
El caso esta en el despacho del magistrado Alejandro Linares, quien recientemente solicitó que el debate se desarrolle por los nueve magistrados de la corporación tras considerarlo novedoso.
La discusión inicio a raíz de una tutela que presentó el grupo de venezolanos, quienes fueron detenido el 23 de noviembre de ese año por la Policía y fueron conducidos al Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda (Bogotá) y afirmaron que les fueron vulnerados sus derechos al debido proceso.
Según los hechos narrados en poder de la Corte, no tuvieron oportunidad de consultar a un abogado y, aun así, les ordenaron abandonar el país y fueron sancionados no poder regresar durante cinco años, aunque algunos de ellos tienen familiares en Colombia.
Los hechos en poder de la Corte también narran que fueron trasladados en lanchas hasta un pueblo denominado 'El burro', ubicado en el Estado de Bolívar en Venezuela y que allí al parecer, fueron abandonados. “Las autoridades colombianas escoltaron a estas lanchas hasta la mitad del trayecto por el río y luego retornaron, dejando a este grupo de venezolanos a su suerte, en medio de la Amazonía” y sin que, contrario a lo afirmado por Migración Colombia, hubiesen sido entregadas a ninguna autoridad de dicho país”, sostienen los hechos.
La Corte Constitucional estudiará la Convención Americana sobre Derechos Humanos que al parecer prohíbe la expulsión masiva de migrantes y los derechos civiles de estos ciudadanos.
Además, el alto tribunal se pronunciará sobre la discrecionalidad del Estado colombiano para expulsar extranjeros al parecer implicados en una protesta social, los procedimientos de Migración Colombia en esos casos y el derecho internacional público que faculta a los países a admitir ciudadanos extranjeros.
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