Corte Suprema no investigará a Catherine Juvinao

Los hechos por los que Juvinao fue denunciada corresponden a marzo del 2020, cuando firmó un contrato con la Gobernación del departamento de Magdalena, encabezada por Carlos Caicedo, para elaborar actividades de comunicación estratégica y manejo de medios de comunicación nacionales. 

Según el argumento del denunciante, el equipo de prensa de la Gobernación del Magdalena podía desarrollar las actividades de comunicación para las que fue contratada la representante a la Cámara, por lo que aseguró que el objetivo con el que fue suscrito dicho acuerdo contractual era supuestamente ilegal. 

Pese a lo expresado por el accionante y las pruebas presentadas a la Corte Suprema, los magistrados de la sala determinaron que ese acuerdo se constituyó y se firmó de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley.

Además indicaron que, de acuerdo con su análisis, no encontraron que durante el proceso se cometieran irregularidades, por lo que determinaron que ninguna de las partes incurrió en contratación indebida. 

También mencionaron que el contrato fue cumplido a cabalidad en el objetivo por el que fue creado, lo que representaría que la congresista no incumplió ni actuó de manera ilegal. 

Los magistrados explicaron que durante las pruebas practicadas en la etapa previo en el que se encontraba el proceso, acreditaron que Catherine Juvinao si tenía las aptitudes adecuadas para cumplir con el contrato, pues es profesional en comunicación social y periodismo y también es magister en estudios políticos, por lo que podía cumplir con las funciones, pues las estrategias se enfocaban en temas nacionales, no locales.