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Con una votación de 5 a 2, los magistrados determinaron que la ley cumplió con los requerimientos exigidos en su trámite y tiene relación con la necesidad, tras la implementación de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc.
Dentro de la Ley se advierte que habrá participación de tres voceros de las Farc en la Cámara de Representantes y tres voceros en el Senado de la República, con el objetivo de que hagan parte en el debate "de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la paz de que trata el acto legislativo 01 de 2016".
Lo que trascendió es que la norma transitoria que modificó el reglamento del Congreso para avalar la participación de estos voceros debe quedar como está, en aras de garantizar la participación en política de quienes se han comprometido a dejar las armas.
En este caso, la Procuraduría también había enviado su concepto favorable para que dicha norma fuera avalada por la Corte, al encontrarse ajustada a la Constitución y cumplir con la consecución de una paz estable y duradera.
“La disposición no entrega derechos políticos a quienes los tienen suspendidos, ya que la norma es suficientemente diáfana en afirmar que la agrupación política que designe a los voceros, y los voceros mismos, deberán gozar de sus plenos derechos civiles en ejercicio”, señalaba el concepto del procurador Fernando Carrillo.
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