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La plenaria del Senado retomó la votación, en último debate, del proyecto de ley anticorrupción que impulsa el fiscal general de la nación. Sin embargo, la falta de quórum evitó que la iniciativa pudiera aprobarse en su totalidad.
Los congresistas comenzaron a estudiar los artículos más polémicos de la norma y lograron sacar adelante el que le establece una inhabilidad de por vida para contratar con el Estado, a las personas y empresas que hayan incurrido en delitos de corrupción.
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La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que esto perjudicará “a las personas naturales que hacen parte de la administración de las personas jurídicas que sean demandadas y sancionadas por hechos de corrupción y a aquellas personas jurídicas a las que se le cancele la personería, también van a quedar inhabilitadas de por vida”.
Sin embargo, aún queda pendiente el tema más álgido, que tiene que ver con la eliminación de los beneficios penales como la casa por cárcel para quienes haya cometido faltas contra la administración pública.
El fiscal general (e), Fabio Espitia, espera que haya quórum porque “para la Fiscalía es un tema central que no existan esos beneficios para los funcionarios que sean hallados responsables”.
Otro de los artículos polémicos tiene que ver con las penas de cárcel para los funcionarios públicos que filtren información reservada o noticias a la prensa. Dicho punto será modificado para garantizar que la medida no afecte el secreto profesional de los periodistas.
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El senador Germán Varón Cotrino dijo que “estableceremos dentro del artículo la excepción de que aquellas personas amparadas por ley para guardar una reserva de orden profesional, no estarán obligadas y no serán sujetas de dicha sanción”.
En el proyecto de ley también quedó estipulado que la prescripción de los delitos de corrupción se ampliará a 20 años, para evitar que haya impunidad en la investigación y sanción de estas conductas.
