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El país se prepara para –en menos de dos meses– elegir al nuevo Senado y Cámara de Representantes que estarán al frente de momentos decisivos luego de haberse firmado el Acuerdo de Paz con las Farc y tener aún pendientes varios puntos dentro del proceso de implementación de éste.
Al respecto, para blindarse dentro de este proceso electoral, 16 organizaciones políticas acudieron a la Unidad de Reacción Inmediata Electoral (URIEL) para averiguar por los antecedentes de sus aspirantes.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, dijo en diálogo con LA FM que del número de consultas que se elevaron a finales de 2017 por parte de los partidos políticos sobre las personas que tenían contemplado inscribir como candidatos, se detectaron 103 personas que reportaron antecedentes judiciales.
“Estas 103 personas en algún momento de su vida fueron condenados penalmente, 45 tienen antecedentes disciplinarios y tres tienen en los registro sanciones de carácter fiscal”, sostuvo Rivera.
Sin embargo, la tarea del Gobierno no se limitó a los nuevos aspirantes sino que también se extendió a quienes actualmente son parte del Congreso de la República. El ministro dijo que sobre los actuales representantes y senadores se les entregó a los partidos 631 investigaciones que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia.
Los partidos políticos con esta información a la mano pudieron toma la decisión de inscribirlos o no en sus listas. Vale la pena recordar que en virtud de la Ley 1864 de 2017 sobre mecanismos de participación democrática quedó establecido que inscribir un candidato inhabilitado acarrea responsabilidad de carácter penal.
Lo cierto es que de momento es un misterio cuál es el partido con más candidatos con investigaciones en marcha.
