Consejo Gremial pide claridad en acuerdo sobre justicia

Bruce Mac Master, presidente del Consejo Gremial y de la ANDI, anunció el apoyo unánime a los acuerdos de paz, pero expresó las principales preocupaciones del sector.
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Al término de un encuentro entre el Consejo Gremial y el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, el sector empresarial del país expresó su apoyo unánime al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.

Sin embargo, en una carta con varios puntos entregada al Jefe de Estado, Bruce Mac Master, presidente del Consejo Gremial y de la ANDI, reveló las principales preocupaciones del sector.

Entre ellas, según Mac Master, está la petición de conocer en detalle los 75 puntos que se logró en materia judicial anunciado el pasado 23 de septiembre en La Habana, Cuba.

“Hay algunas preocupaciones especiales como, por ejemplo, cómo será la constitución del Tribunal, quién elegirá al tribunal, cuáles son los mecanismos de elección del mismo. También que se haga suficiente claridad alrededor de que la jurisdicción especial de paz, si es una instancia voluntaria para las personas que tengan problemas penales”, señaló el director de la ANDI.

Dijo que esos acuerdos, aunque han sido aclarados por el equipo negociador, deben plasmarse por escrito. También señaló que espera que no haya una intención de venganza en los acuerdos jurisdiccionales.

“Buscamos que no haya una actitud de revanchismo, como de venganza, hacia la población civil o hacia las FFMM o hacia el empresariado. La Justicia Transicional y el Tribunal Especial de Paz debe generar un escenario de reconciliación y un escenario que permita que efectivamente ellos, como grupos ilegales y como grupos que han estado por fuera de la ley, se puedan integrar a la sociedad civil”, señaló Mac Master.

Finalmente, dijo que para el sector empresarial es fundamental que se cumpla con el compromiso de llevar a refrendación ciudadana los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación.

Puntos principales del Consejo Gremial:

1. El consejo gremial nacional respalda las negociaciones para la terminación del conflicto.

2. Esta es una negociación entre un Estado legítimo y un grupo armado al margen de la ley que se da por razones humanitarias para evitar que haya más víctimas y daños a la sociedad, a la economía, la infraestructura y a los bienes públicos.

3. El acuerdo de paz tiene que ser respetuoso del Estado de Derecho. No se está negociando la creación de un nuevo orden político y social. La negociación debe transcurrir dentro de la Constitución y no por fuera de sus preceptos.

4. El derecho no es obstáculo para la conquista de la paz. Este es el resultado de la plena realización de la Constitución y las leyes de Colombia,. Lo cual no impide que presentando los valores que ellas plasman sean transformadas y reformadas para cumplir con los compromisos resultantes de un eventual acuerdo.

5. Para el sector empresarial es fundamental que se cumpla con el compromiso de llevar a refrendación ciudadana los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación

6. los acuerdos en materia de desarrollo rural integral deben ser consistentes y consecuentes con el respecto de la propiedad privada. La garantía de la seguridad jurídica y la economía del mercado.

7. El sector empresarial espera una mayor precisión sobre los puntos no conocidos sobre la jurisdicción especial de paz.

8. El acuerdo sobre la reparación a las víctimas deberá asegurar que las Farc asuman su cuota de responsabilidad tanto en la dimensión moral como en la dimensión económica.

9. La comisión de la verdad debe ser consistente con el hecho de que Colombia cuenta con un Estado legítimo, sustentado en unas instituciones democráticas y republicanas.

10. De acuerdo con los postulados del Estado de Derecho las responsabilidades por crímenes relacionadas con el conflicto serán personales.

11. Es indispensable el cese efectivo de todas las actividades delictivas de la guerrilla incluyendo el terrorismo, minería ilegal, secuestro, contrabando y extorsión al igual que la entrega de bienes y recursos asociados a actividades ilegales.

12. Cualquier mecanismo que se implemente para la dejación de las armas, deberá asegurar que dicha entrega sea total y verificable.

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