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La iniciativa consta de 161 artículos y contiene los lineamientos esenciales para poner en marcha los procesos contra los actores del conflicto armado.
El proyecto definirá las funciones y competencias que tendrá cada una de las salas que conformarán la Justicia Especial de Paz.
Tan pronto esté lista la ley, los magistrados tendrán las herramientas suficientes para comenzar a recibir las denuncias, adelantar las investigaciones e imponer sanciones a quienes sean hallados responsables.
Allí también se definirán de manera clara las competencias de la Fiscalía y de la Jurisdicción de Paz, para evitar que haya choque de trenes.
Los ponentes quieren poner a discusión el tema de la responsabilidad de mando tanto de las Farc como de los integrantes de la Fuerza Pública, así como la posibilidad de que las víctimas puedan constituirse como sujetos procesales.
