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A sanción presidencial pasó el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo que pretende la nacionalización de niños de padres venezolanos que nacieron en Colombia desde el primero de enero de 2015.
Germán Blanco, del Partido Conservador, ponente de la iniciativa, explicó que esta ley cobija a unos 24.000 hijos de padres venezolanos que nacieron en Colombia y quienes eran señalados con el término de 'apátridas' y ahora tendrán todos los beneficios de un niño colombiano al nacer.
El ponente del proyecto de ley señala que la norma tendrá vigencia desde el primero de enero de 2015 hasta dos años después de la sanción presidencial, con la posibilidad de prorrogarla si continua la crisis venezolana.
Aunque recientemente el presidente de la República, expidió un decreto que va en el mismo sentido de este proyecto de ley, existen diferencias de forma entre ambas normas.
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De acuerdo al decreto establecido por el Gobierno Nacional, es la Registraduría la que tendrá la labor de nacionalizar al niño en un término de seis meses. Según el proyecto de ley aprobado en el Congreso, el niño de padres venezolanos será nacionalizado al momento de nacer.
"Se nace como un niño colombiano, tendrá las mismas condiciones porque precisamente lo estamos nacionalizando por nacimiento; no es ni siquiera un tema de adopción, es un tema de nacimiento y cuando nace un niño en territorio colombiano no es apátrida pues actúa de manera inmediata una notaría y después se llevan los registros a la Registraduría Nacional, que es la que hace el censo general de los colombianos", señaló Blanco.
El ponente aclara que la ley genera efectos jurídicos solamente al niño nacido en Colombia y no a los padres venezolanos.
"Porque sería tanto de entregar elementos de regularización de los padres y podría al Estado estar en un problema mucho más grande que el que hoy tiene con más de 1'400.000 venezolanos en territorio colombiano", afirmó.
El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, celebró esta decisión del Congreso de la República y dijo que el legislativo honra los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano con la población migrante y los niños venezolanos.
