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Según los congresistas, el Ministerio de Defensa además de violar los derechos humanos de los jóvenes que no han resuelto su situación militar, incurren en el delito de fraude a resolución judicial por no acatar la orden dada por la Corte Constitucional.
La sentencia a la que hacen referencia los congresistas indica que: “Las autoridades militares no tienen competencia para hacer redadas o batidas indiscriminada”.
Los congresistas fueron enfáticos en resaltar que las batidas ilegales hacen parte de una estrategia de la Fuerza Pública, dirigida a cumplir las metas anuales de incorporación al servicio militar centrada en jóvenes de escasos recursos y campesinos a quienes se les vulneran todos sus derechos.
“Organizaciones objetoras de conciencia y defensores de derechos humanos han denunciado hasta el cansancio que estos muchachos son recogidos en camiones, muchas veces maltratados física y verbalmente y trasladados a sitios lejanos a sus hogares, donde se les mantiene sin comunicación alguna con sus familiares y al sol o al frío (depende donde los lleven) sin probar alimento por varios días”, señaló la representante Ángela Robledo.
Y agregó “Existe un clara discriminación de clase en estas batidas y en el método en el que la Fuerza Pública copta héroes que luego van como carne de cañón a los campos de batalla”.
Por su parte el representante Alirio Uribe aseguró que la lista de prácticas ilegales y recurrentes fue denunciada el año pasado cuando se analizaron los casos de 973 jóvenes.
Es importante destacar que entre enero de 2010 y octubre de 2015 se han presentado 1.088 denuncias de batidas o redadas – ilegales.
Por último, los congresistas resaltaron que el 100% del servicio militar está sostenido con soldados regulares, bachilleres y campesinos de los estratos socioeconómicos 0, 1, 2 y 3, con un porcentaje sobresaliente, más del 50%, en todos los casos, para el estrato 2.
