Con nueva demanda, congresistas buscan evitar que se concrete la venta de Isagén

Con el fin de evitar que se concrete la venta de Isagén, argumentando que tras la subasta de la compañía se violaron los derechos a la libre competencia y se ocasionó un detrimento en el patrimonio público, varios congresistas presentaron esta demanda.

Así lo confirmó el senador del Polo Democrático Jorge Robledo, quien resaltó que espera que todos los colombianos apoyen esta acción popular, para que, a través de una medida cautelar, se frente la venta de Isagén que simboliza un detrimento patrimonial por más de dos billones de pesos.

“Empecemos por decir que el proceso de venta de Isagén no ha concluido de acuerdo con las normas legales; hasta tanto los de Brookfield no paguen, el negocio no ha cerrado. Es una acción popular en defensa de la moralidad pública, porque aquí a lo que estamos asistiendo es a un espectáculo bochornoso de una subasta de un solo proponente, de un Gobierno que no promovió la participación de otros oferentes”, señaló el senador.

Asimismo, Robledo dijo que “este fue un negocio donde hubo un detrimento patrimonial, como lo ha dicho el propio procurador general de la Nación de más de 2 billones de pesos, dinero que se perdió en esta operación, porque no se promueve como se ha debido promover la participación de otros oferentes, por supuesto que no hay libre competencia porque fue una asignación realizada a dedo y estamos ante una pérdida patrimonial grande”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Iván Duque resaltó que con esta demanda están exponiendo que la forma en la que se procedió con la subasta de Isagén fue totalmente ilegal, se violaron los principios de libre competencia y muchos de los actores que le ley demanda para que sea totalmente legítimo.

“Esperamos que la justicia actúe pronto, dada que la situación de ilegalidad ha sido manifiesta y está en riesgo la pérdida de un patrimonio muy importante para el país”, resaltó el senador.

Es importante destacar que el proceso aún puede detenerse porque tanto el Gobierno Nacional como el fondo de inversiones Brookfield tenían suficiente información sobre los procesos legales en curso. Además, conociendo las dificultades que ha afrontado la venta, el Ministerio de Hacienda cambió las reglas de juego a última hora.