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La Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó este lunes la intervención administrativa total de la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar Atlántico. La medida cautelar, proyectada por un término inicial de 12 meses, se hace efectiva a solo un mes de que culmine el mandato del presidente Gustavo Petro, y bajo la tutela de la cartera de Trabajo liderada por el ministro Antonio Sanguino.
A través de la Resolución No. 0527 del 6 de julio de 2026, comisiones de la Superintendencia ingresaron hacia las 5:00 p. m. a las sedes de la Caja en la capital del Atlántico para notificar el acto. Con esta decisión, el Ejecutivo ordenó la remoción inmediata del actual director administrativo, Herber Mantilla Gómez, al igual que de todos los miembros titulares del Consejo Directivo. En su reemplazo, el Gobierno nacional designó a María Teresa Carvajal Aguirre como directora encargada de la institución, gestión que será evaluada en periodos semestrales.
Los duros cuestionamientos de Comfamiliar Atlántico
Minutos después del procedimiento de notificación, Comfamiliar Atlántico emitió un enérgico pronunciamiento manifestando su profunda preocupación frente al mecanismo utilizado por el organismo de control. La entidad calificó la sorpresiva intervención como un acto sancionatorio que atropelló las garantías constitucionales mínimas de la institución.
"El acto administrativo invoca disposiciones relacionadas con la intervención administrativa como medida sancionatoria, sin que previamente se hubiese adelantado un procedimiento administrativo sancionatorio que garantizara plenamente el derecho de defensa, contradicción y las demás garantías constitucionales del debido proceso", reza el comunicado oficial de la Caja.
Asimismo, la defensa jurídica de la organización aseguró que los efectos de la resolución de la Superintendencia incurren en un vicio de legalidad. Señalan que la medida desconoce de forma directa una suspensión previamente ordenada por el Consejo de Estado frente al artículo 97 del Decreto 341 de 1988, escenario que, según advirtieron, deberá ser sometido a un riguroso control judicial.
Batalla jurídica a la vista
Pese a la toma administrativa que ya rige sobre las operaciones de la Caja, las directivas salientes enfatizaron que agotarán todas las vías e instrumentos legales disponibles para revertir la decisión gubernamental y proteger el patrimonio social del departamento.
"Comfamiliar Atlántico ejercerá todos los recursos y acciones que la ley le otorga para salvaguardar los derechos de la institución y garantizar el respeto por el debido proceso, confiando en que las autoridades competentes analizarán de manera objetiva las circunstancias que rodean esta actuación administrativa", puntualizó la entidad en su misiva.
Finalmente, el organismo envió un mensaje de tranquilidad a sus miles de trabajadores adscritos, empresas afiliadas y beneficiarios, reiterando que la prioridad del equipo técnico continuará volcada hacia la transparencia y la protección de los servicios de subsidios que han operado por más de siete décadas en la región Caribe.
