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A pocas semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, Colombia enfrenta un escenario de falta de información pública sobre la financiación de las campañas. Según el más reciente informe de Transparencia por Colombia, no existe acceso en tiempo real a datos sobre el origen, monto y destinación de los recursos, lo que limita el control ciudadano y periodístico en un momento clave del proceso electoral.
El documento, presentado el 16 de abril de 2026, analiza las reglas del financiamiento electoral y su aplicación en procesos anteriores. Aunque la normativa establece que la financiación de campañas debe ser principalmente pública, mediante anticipos estatales, en la práctica se ha evidenciado una tendencia a recurrir a créditos bancarios respaldados por la reposición de votos, lo que afecta la equidad en la contienda.
El informe también recuerda que existen límites claros sobre las fuentes permitidas y los topes de gasto fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Asimismo, se reitera la prohibición de aportes de personas jurídicas, establecida por la Corte Constitucional, debido a los riesgos que representan para la transparencia y la igualdad en la competencia política.
Cuentas Claras y control ciudadano en riesgo
Uno de los principales hallazgos del informe es la ausencia de rendición de cuentas en tiempo real. Aunque el CNE exige reportar ingresos y gastos en un plazo máximo de siete días a través del aplicativo Cuentas Claras, esta herramienta no ha sido habilitada para las campañas presidenciales, ni cuenta con su módulo de consulta ciudadana disponible.
Este vacío implica que las campañas ya están ejecutando recursos sin que exista información pública que permita verificar su legalidad y trazabilidad. En consecuencia, se dificulta identificar posibles irregularidades relacionadas con el incumplimiento de topes, el uso de fuentes indebidas o la entrada de recursos prohibidos.
El informe advierte que esta situación traslada el control a una etapa posterior, cuando los efectos sobre el proceso electoral ya se han materializado. Además, recuerda antecedentes relevantes como la injerencia de Odebrecht en campañas de 2010 y 2014, el ingreso de recursos de personas jurídicas en 2022 y la superación de topes por más de 5.300 millones de pesos en esa misma elección.
Frente a este panorama, Transparencia por Colombia hizo un llamado urgente al CNE para habilitar el sistema Cuentas Claras y garantizar el acceso público a la información. También instó a las campañas y partidos políticos a cumplir con la normativa vigente, reportar datos completos y evitar la entrada de recursos de fuentes prohibidas.
“El acceso a información en tiempo real es fundamental para garantizar la transparencia electoral y prevenir riesgos de corrupción”, señaló Andrés Hernández, director ejecutivo de la organización.
