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El cambio de operador para la recolección de basuras que promovió Gustavo Petro Urrego en Bogotá volvió a generar una intensa polémica en las últimas horas por cuenta de la decisión disciplinaria que apartó del cargo e inhabilitó por 15 años al entonces alcalde, hoy en día senador de la República.
Petro dio a conocer que su caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta arbitrariedad cometida por el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado al apartarle del cargo.
Así las cosas, se abre un proceso contra el Estado por la destitución de Petro que podría acarrear sanciones para Colombia por el proceso adelantado en el Ministerio Público que, de acuerdo a una serie de fallos judiciales, presentó varias irregularidades.
En el pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano como medida cautelar la restitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, algo que no se cumplió y se esperó a la decisión de un órgano judicial en Colombia.
Fue entonces cuando unos días después del pronunciamiento de la CIDH, el Consejo de Estado devolvió el cargo a Petro.
Sin embargo, un debate de fondo que sigue pendiente en el país es si las autoridades administrativas pueden inhabilitar a alguien que ha sido elegido por voto popular. En ese sentido, la Comisión Interamericana dio un plazo de dos meses para cumplir con esa intención y para que ajuste la legislación interna a esta disposición, algo que no se ha dado.
Y es que, de acuerdo al propio Petro, este proceso llevará a un nuevo enfrentamiento con Alejandro Ordóñez toda vez que, en el sonajero de Iván Duque, el exprocurador figura como el posible embajador de Colombia ante la OEA. Así las cosas, se volverían a ver las caras ambos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
