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Agentes de de la Policía Judicial escucharán a Jairo Arias Orjuela, director de asuntos jurídicos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien firmó la carta donde se le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las presuntas interceptaciones ilegales. Estas entrevistas serán clave para definir si la investigación se tramita en la misma actuación que se sigue en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Arias fue el funcionario que firmó la carta con la que la JEP le solicitó a la Fiscalía adelantar averiguaciones sobre las presuntas chuzadas a los magistrados de esa jurisdicción, tal como ya se avanza en el caso de los togados de la Corte Constitucional.
El tribunal pidió medidas prontamente para encontrar a los responsables de las interceptaciones ilegales al magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional y que esas mismas medidas se extiendan a los responsables de las aparentes chuzadas de las que han sido víctimas los magistrados de la JEP.
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"Lo anterior sumado a que algunos medios de comunicación expusieron que algunos magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz también han manifestado su sospecha de ser objeto de presuntas interceptaciones ilegales", decía el pronunciamiento.
La JEP aseguró que no podía dejar de expresar su preocupación, ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía. Además se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos que soportan el Estado Social y Democrático de Derecho adoptado por Colombia; así como una clara amenaza a la seguridad de los Magistrados y Magistradas de esta Jurisdicción.
Por otra parte, el tribunal especial recordó que, en el 2023, varios de sus magistrados denunciaron amenazas en contra de sus vidas por adelantar las labores asignadas por ley, por lo que rechazan categóricamente estos actos y piden celeridad en todas las actividades de la Fiscalía.
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"Sobre este último punto se recuerda que durante el año 2023 los Magistrados y Magistrados de la JEP recibieron amenazas contra su vida por adelantar las funciones que constitucional y legalmente les fueron asignadas", añade el documento.
Ante este panorama, la Jurisdicción está dispuesta a prestar toda la colaboración que sea necesaria para que las autoridades avancen en las investigaciones para mantener la seguridad de los magistrados.
