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La Corte Suprema de Justicia negó al exsenador Musa Besaile la posibilidad de revivir el preacuerdo que había firmado por el denominado ‘Cartel de la Toga’.
El alto tribunal negó una tutela que había presentado el magistrado Marco Antonio Rueda, de la Sala de Investigación de esa Corte, en busca de que se aprobara el preacuerdo del exsenador.
Según el magistrado Rueda, la falta de un preacuerdo frenaba las audiencias en contra del exsenador por el escándalo de corrupción, que consistió en entregar millonarios sobornos a los magistrados de la Corte Suprema a cambio de fallos favorables.
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Besaile es procesado por esos hechos por haber entregado varios millones de pesos al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, en busca de un fallo a su favor en un proceso por parapolítica.
Sin embargo, la Corte Suprema consideró que la tutela no era procedente. “El procedimiento sumario no está concebido para que el juez de tutela imponga sus propias reflexiones sobre la manera en que los procesos ordinarios deben resolverse”, señala el fallo.
Con la decisión de la Corte se reanudaría el proceso y comenzarían las audiencias de juicio contra Besaile por ese escándalo.
Contra el exsenador se adelanta otra investigación en la Corte porque haría parte del grupo de excongresistas que habrían influido ante el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) para favorecer a consorcio con contrato de interventoría.
Esa investigación está en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien decidió llamarlos a indagatoria para que expliquen los hechos por los cuales son investigados en relación con el delito de tráfico de influencias.
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Estas investigaciones se desprendieron de las declaraciones que entregó el 'Ñoño' Elías a la Corte en busca de un principio de oportunidad por el escándalo de corrupción que rodeó la adjudicación de contratos a la multinacional brasileña Odebrecht.
De acuerdo con las primeras informaciones, la investigación iría encaminada a establecer presuntas presiones ante un exfuncionario de Fonade en busca de que el mencionado contrato de interventoría se adjudicara al Consorcio Interviviendas.
