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Luego de obtener 203 votos en el Congreso, Carlos Felipe Córdoba Larrarte fue elegido como nuevo Contralor General de la República.
Córdoba, de 38 años, se había venido desempeñando en varios cargos de la Federación Nacional de Departamentos, desde el 2013, inicialmente como director Nacional del Programa Anticontrabando y como director general desde febrero de este año.
La mayor parte de su carrera ha estado relacionada con la Contraloría General de la República, entidad en la que fue vicecontralor en 2012, durante la administración de Sandra Morelli, además de contralor delegado para la Participación Ciudadana, director de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano y contralor general encargado.
Su paso por esta entidad hace seis años estuvo enmarcado en una polémica por los arrendamientos de las oficinas de la Controlaría. En ese entonces renunció al cargo, aunque aludió motivos personales para hacerlo.
Entre el 2015 y 2017, estuvo al frente de la Auditoría General de la República. También estuvo vinculado a varios cargos menores en la Presidencia de la República durante el gobierno de Álvaro Uribe y en la Alcaldía de Pereira y Gobernación de Risaralda entre los años 2006 y 2010.
Felipe Córdoba es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, especialista en Alta Gerencia de la Universidad Libre de Pereira y máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Es esposo de Marcela María Yepes Gómez, hija del excongresista Omar Yepes.
Carlos Felipe Córdoba no está inhabilitado para ocupar el cargo: Función Pública
De acuerdo con el Departamento de la Función Pública, la llegada de Carlos Córdoba a la Contraloría no genera una inhabilidad, teniendo en cuenta su anterior trabajo en la Federación Nacional de Departamentos y las normativas existentes para este tema.
Esta entidad sostuvo que las inhabilidades sólo aplican cuando la persona ha sido miembro del Congreso, ocupó un cargo directamente relacionado con el Gobierno Nacional o haya sido condenado a penas privativas de la libertad.
Según el Departamento, la FND no es una entidad del orden nacional y por lo tanto su director no estaría inhabilitado para aspirar al cargo.
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