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El ministro Armando Benedetti entregó un balance tras la más reciente reunión del comité de seguimiento electoral, en la que se evaluaron y reforzaron las medidas de seguridad para los candidatos a la Presidencia.
Según explicó el ministro, se han implementado esquemas de protección “robustos”, que incluso pueden incluir hasta 30 integrantes de la fuerza pública y varios vehículos por aspirante, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad durante la campaña.
Sumado a eso, Benedetti insistió en que el Estado está brindando acompañamiento a todos los candidatos, aunque reconoció que, en un contexto complejo de orden público, siempre habrá cuestionamientos sobre si las medidas son suficientes.
Acciones del Gobierno para combatir prácticas como el constreñimiento
En paralelo, el ministro destacó la creación de instancias específicas como el CORP, enfocadas exclusivamente en la protección de los aspirantes presidenciales.
En materia de delitos electorales, el ministro también se refirió a las acciones del Gobierno para combatir prácticas como el constreñimiento y la compra de votos.
Aseguró que se han establecido recompensas para quienes denuncien estos hechos y defendió los operativos realizados en zonas de frontera durante las pasadas elecciones legislativas. Según dijo, estas acciones permitieron visibilizar y enfrentar irregularidades que antes pasaban desapercibidas.
La decisión de la Corte Constitucional de tumbar impuestos a cigarrillos
De otro lado, durante la misma rueda de prensa, Benedetti reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de tumbar uno de los puntos de la emergencia económica, relacionado con el recaudo de impuestos a los cigarrillos. El ministro cuestionó el fallo y aseguró que envía un mensaje a los gobiernos sobre la necesidad de sustentar con mayor rigor este tipo de medidas, aunque también lanzó fuertes críticas al alto tribunal, señalando que, a su juicio, existe un trasfondo político en varias de sus decisiones.
Finalmente, el jefe de la cartera política se refirió a otros temas de seguridad, como el eventual traslado de cabecillas de estructuras criminales desde Medellín hacia Bogotá, un proceso que, indicó, está en evaluación y dependerá de avances en materia de colaboración con las autoridades y de la política de paz del Gobierno.
Con este panorama, el Gobierno busca mantener el control del orden público y garantizar la transparencia del proceso electoral, en medio de tensiones institucionales y retos en materia de seguridad.
