Cámara de Representantes le dio una estocada a la ley antitaurina

Así pues, el proyecto quedó casi sin posibilidades para que pase a ser ley de la República.

Este proyecto ha tenido un solo debate y le hacen falta tres, que se deberían tramitar en el próximo semestre legislativo. Los congresistas opinan que en un año electoral y con proyectos de ley de implementación de los acuerdos de paz, es improbable que cumpla los debates correspondientes.

Sin embargo, la vicepresidente de la Cámara, Lina Barrera, se comprometió para que en la primera plenaria de Cámara del 2018, este proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros, estará en el primer lugar del orden del día.

Este proyecto de ley, de autoría del entonces ministro del Interior Juan Fernando Cristo, indica que al ser aprobado en el Congreso, las entidades territoriales tendrían un plazo de seis meses para presentar una propuesta alternativa de tipo laboral, económico y cultural, para quienes vivan de la actividad taurina cuenten con programas de sustitución e integración laboral.

En febrero de este año, la Corte Constitucional le dio al Congreso dos años de plazo para que haya una legislación sobre las corridas de toros y otros espectáculos con animales como las peleas de gallos, "so pena de que, si no lo hace, serán consideradas un delito".

El proyecto, promovido por el ministerio del Interior, busca establecer leyes que “protejan a los animales y prohíban prácticas violentas e innecesarias en contra de la vida y la ‘dignidad’ del animal”. De acuerdo al texto, se trata de la “innegable tendencia al reconocimiento y la protección normativa del derecho al bienestar de los animales”.

En la orilla de las organizaciones defensoras de los derechos de los animales, se plantea que la sociedad ha cambiado y las nuevas generaciones piden cambios frente a prácticas como las corridas de toros.

Desde 2005, la Corte Constitucional había emitido cinco sentencias en las que respetaba las prácticas taurinas y no se metía de frente con este tema. Sin embargo, en febrero de este año ese tribunal dio un ultimátum al Congreso de 2 años para legislar sobre la materia.