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El proyecto busca que se prohíba la práctica de la prueba de embarazo o certificación médica de ausencia de estado de gravidez, como requisito o prerrequisito para cualquier parte del proceso de selección, vinculación, promoción laboral, permanencia o renovación laboral para cualquier cargo o empleo, sea este de carácter público o privado.
Solo se podrá solicitar la prueba de embarazo como requisito o prerrequisito para acceder a un empleo u ocupación cuando se deban realizar actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo para la salud.
El proyecto pasa a su tercer debate en el Senado de la República y podrá ser discutido desde el próximo 20 de julio, cuando iniciará una nueva legislatura.
La iniciativa es de la bancada del Partido Mira y su autora es la representante Guillermina Bravo, quien ha contado con el respaldo de miembros de otras bancadas e incluso del Gobierno, representado en el Ministerio de Hacienda, ya que el proyecto no contempla inversiones adicionales.
