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En plenaria de la Cámara de Representantes, fue aprobado con 132 votos a favor el Proyecto de Ley N° 485 de 2020 Cámara – 418 de 2021 Senado, con el que se busca fortalecer la capacidad jurídica a los cabildos indígenas para la contratación directa.
En su intervención, el ponente del proyecto, el representante a la Cámara Alfredo Rafael Deluque, explicó que éste fue concertado con las propias comunidades en el 2019, en donde sus respectivos equipos procedieron a su aprobación.
"Esta es una gran oportunidad para que reconozcamos esa autonomía e independencia que tienen esta entidades de derecho público, creadas por la constitución, con el fin de que ellas puedan no solamente darse sus propias normativas sino que también puedan ser objeto de contratación estatal a través de un artículo que está modificando la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007", señalo el represente.
El representante explicó y profundizó que "la Fiscalía, la Contraloría y las Contralorías Territoriales en el marco de sus competencias constitucionales y legales tendrán la facultad de ejercer control judicial y disciplinario y fiscal sobre todos los recursos de origen público que sean ejecutados por los cabildos indígenas".
Agregó que el proyecto se presentó con el fin de cumplir con el compromiso suscrito en el Plan Nacional de Desarrollo para llevar a cabo la elaboración, presentación y gestión de un proyecto de ley que otorga capacidad jurídica a los cabildos para contratar directamente con entidades del Estado.
En la plenaria, también el representante César Lorduy, indicó que este proyecto se aprueba tras concluir que "las comunidades indígenas se han visto gravemente afectadas dado que las entidades del Estado han expresado que en la actualidad no existen alternativas jurídicas que permitan la celebración de contratos o convenios con cabildos".
A la iniciativa legislativa le resta solo un debate en el Senado para que pase a sanción presidencial con la que se beneficiarían más de 700 cabildos que existen en el país, legalmente reconocidos por la Dirección de Etnias y el Ministerio de Justicia.
