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Los promotores de la consulta anticorrupción aseguran que lo mejor para el país es que esta iniciativa sea votada un día antes de la segunda vuelta presidencial para ahorrar costos y garantizar una amplia participación de la ciudadanía.
La representante Angélica Lozano, quien lidera esta iniciativa junto a Claudia López, dijo que si la plenaria del Senado le da vía libre a la iniciativa, se deberá convocar a las urnas en los tres meses siguientes.
“El presidente tiene ocho días con el registrador para definir la fecha de realización y esa fecha tiene que ser en los próximos tres meses. Yo creo que lo más razonable es que se pegue a la segunda vuelta presidencial y más cuando nadie sabe quién va a estar en segunda vuelta. Debe ser el día anterior y la promoveríamos entre todos, los que pierdan en primera vuelta y los que pasen a segunda”, manifestó.
Considera que hay buen ambiente en la corporación para ser aprobada, al tiempo que negó que por debajo de cuerda se estén moviendo intereses políticos.
“Yo veo buen ambiente porque muchos candidatos presidenciales apoyan, promueven, tienen en sus programas de gobierno varios puntos de la consulta anticorrupción”, indicó.
“Iván Duque, por ejemplo, lleva más de un año comprometido con muchos de estos puntos. En el pasado, este Senado aprobó la ley de transparencia que son tres puntos de la consulta, esa se hundió en Cámara, este Senado ha tenido la voluntad de bajar o congelar el salario de los congresistas, la Cámara la hundió, entonces yo creo que esta es una causa común”, añadió.
Son siete los puntos que tiene la consulta anticorrupción:
1. Los congresistas no podrán estar más den tres periodos en el Legislativo.
2. Acabar con la denominada “mermelada”
3. Funcionarios elegidos por voto popular deberán presentar sus declaraciones de renta.
4. Los congresistas estarán obligados a rendir cuentas.
5. Obligar al trámite del presupuesto público de Alcaldías y Gobernaciones.
6. No habrá beneficios penales para los condenados por corrupción
7. El Estado podrá cancelar de forma unilateral los contratos con personas que sean sancionados por delitos de corrupción.
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