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La iniciativa consiste en crear un nuevo modelo que permita que el Estado vigile, a través de una estrategia institucional, los recursos y los proyectos que se ponen en marcha en el país.
"Es un tema que se trató en los acuerdos y allí dice que las normas relacionadas con la corrupción es obligación presentarlas, con este proyecto se estaría cumpliendo con uno de los mandatos de los acuerdos de La Habana", señaló.
El proyecto está siendo estudiado por la Comisión de Verificación y sería ella la encargada de presentarlo en el Congreso
"La idea es convertir la lucha contra la corrupción en una política de Estado, se crea una jurisdicción especial para corrupción y se establecen unos jueces especializados para que atiendan ese campo", señaló.
"Crea una unidad de prevención de la corrupción para cumplir con esa obligación del Estado, se conforma una unidad autónoma en la Fiscalía especializada para corrupción", añadió.
La iniciativa plantea además que dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del acto legislativo, el procurador, el contralor, el fiscal general y los superintendentes, deben dar a conocer bajo la gravedad de juramento todos los negocios que han tenido durante los 5 años anteriores.
