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La Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal ante la Corte Suprema de Justicia al gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, tras señalarlo de estar implicado en hechos relacionados con posible corrupción en contratos.
Este caso se relaciona con las presuntas inconsistencias detectadas en las condiciones para la comercialización del aguardiente Nariño. De acuerdo con los investigadores, dichas condiciones aparentemente irregulares se fijaron mediante decreto de fecha del 24 de agosto de 2016.
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Según los investigadores de policía judicial de la Fiscalía, el contrato objeto de investigación por parte de las autoridades comprometió recursos que superaron los 18 mil millones de pesos.
Ante la gravedad de los hechos, también fue acusado por estas presuntas irregularidades quien fungió como gobernador para la época de la celebración del contrato, Mario Fernando Benavides.
En desarrollo de la audiencia, la Fiscalía acusó a Romero Galeano y Benavides como supuestos autores de la comisión de cinco delitos.
Los cargos formulados durante la acusación por parte de la fiscalía fueron: contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad material en documento público, falsedad ideológica e documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública.
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Tras esta acusación, ambos líderes políticos deberán responder en juicio para tratar de demostrar su inocencia en los hechos investigados por parte de la Fiscalía General.
En su oportunidad, la Procuraduría también investigó en materia disciplinaria al gobernador de Nariño, Camilo Ernesto Romero Galeano, por presuntas irregularidades en la adjudicación del convenio para la venta y distribución de aguardiente.
Según la investigación, dicho contrato de venta y distribución de 80 mil cajas de aguardiente Nariño, fue adjudicada a la Organización de Licores de Nariño, yautorizada por el Comité de Crédito de la Gobernación el 25 de agosto de 2016.
