Acuerdo político salva aprobación de reforma a la JEP propuesta por Uribe

El liberalismo le tiró un salvavidas a esta iniciativa, presentado una proposición de último momento.
Comisión Primera del Senado
Comisión Primera del Senado durante aprobación de la reforma a la JEP. Crédito: RCN Radio

La reforma propuesta por el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras para modificar la JEP, fue aprobada en primer debate con 19 votos contra 1, gracias a que se logró un acuerdo político entre la mayoría de los partidos.

Hubo consenso entre el Centro Democrático, el Liberalismo, el Partido de la U, Cambio Radical y la Alianza Verde, para desistir de la creación de una nueva sala en la Jurisdicción Especial de Paz y a cambio ampliar el número de sus magistrados (14 más), con el fin de garantizar un mejor juzgamiento de los militares. Ellos serán designados por la Procuraduría General de la Nación, por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el Consejo de la Judicatura.

El expresidente Álvaro Uribe afirmó que “quedó muy claro que la aprobación de este acuerdo y el pacto político que se hizo, no implica renunciar a opiniones que tenemos sobre la JEP, que son diferentes”.

(Lea también: Histórica reunión entre Uribe, Petro y Farc sobre la JEP termina sin acuerdo)

El senador Roy Barreras aseguró que lo aprobado en el acto legislativo no genera peligro jurídico para los militares.

No se desmembrará la JEP, la JEP es el órgano legitimado por todos los colombianos ahora y espero que eso sirva para bajar la polarización”, manifestó.

La senadora Angélica Lozano dijo que es un triunfo que el Centro Democrático haya reconocido la viabilidad de la JEP para juzgar a los actores del conflicto.

Perdieron completamente en sus pretensiones, se aprueban magistrados para las salas existentes, que siempre serán para todos los actores del conflicto, como agentes del Estado, guerrilla, terceros que se someten voluntariamente a la JEP”, manifestó.

Quienes se oponían al proyecto del Centro Democrático, esperan que el expresidente Álvaro Uribe honre su palabra de no introducir más modificaciones.

El senador Gustavo Petro dijo que “voy a creer en su palabra doctor Uribe, palabra empeñada, palabra cumplida, usted públicamente da su palabra al lograr un consenso nacional alrededor de la Justicia Especial para la Paz”.

El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, afirmó que “yo creo en la palabra del doctor Uribe Vélez de que no se van a tocar otros temas en este proyecto. Lo que no se va a tocar acá es lo que podría debilitar la situación jurídica de los militares frente a la Corte Penal, que es quitarle a la pena alternativa el tema de verdad”.

El proyecto también crea un blindaje frente a los falsos testigos, advirtiendo que “la sola confesión de quienes se sometan a la JEP, no será prueba suficiente para proferir condenas”, además de aclarar que cualquier información sobre terceros civiles, deberá ser verificada con otros medios probatorios.

(Le puede interesar: Gobierno pide al Congreso no tenerle miedo a la visita de la CPI)

Fue el Partido Liberal el que con una propuesta que presentó a último momento, salvó la aprobación de la iniciativa. Los tres senadores de esa colectividad impulsaron una proposición introduciendo estos cambios ya mencionados, lo cual en principio fue visto por algunos como una jugada política en favor del uribismo.

Durante el debate, varios senadores advirtieron que la creación de una nueva sala especial en la JEP para el juzgamiento de los militares, hubiera permitido una posible intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en Colombia.

De hecho, el Polo Democrático, a través del senador Alexander López, votó negativamente esta propuesta, expresando también el descontento del Partido Farc y argumentando que lo aprobado va en detrimento del acuerdo de paz y sí le abre la puerta a la CPI.

Luis Fernando Velasco: Gustavo Petro fue la persona que desde el principio entendió la dimensión del acuerdo


Paloma Valencia: Fuerzas Armadas quedaron con muy pocas garantías dentro de Jurisdicción diseñada para las Farc

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