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La Procuraduría General llamó a juicio disciplinario a siete militares por el atentado con carro bomba registrado en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, en hechos registrados el pasado 15 de junio.
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Entre los citados se encuentra el coronel Ilvar Orlando Gonzales, quien al momento del atentado era el Comandante de la Brigada 30. También se vinculó al coronel Pedro María Vega Losada, jefe del Estado Mayor y Segundo Comandante de la Brigada 30.
Así como al teniente coronel Carlos Andrés Sarmiento, comandante del Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta No. 30 y encargado de la seguridad de las instalaciones militares.
Igualmente fue llamado a juicio disciplinario el mayor Cesar Alexander Carrero Salcedo, oficial de operaciones del Batallón de Apoyo y Servicios para el comandante No. 30 en Cúcuta. Además del sargento Viceprimero, Luis Eduardo Espejo López, quien era el comandante de guardia asignado para ese día 15 de junio, como da cuenta la bitácora que maneja el Ejército.
Fue vinculado además el sargento segundo Mario Andrés López Roque, quien tenía asignada la administración para el día de los hechos, y finalmente al cabo segundo Óscar Leonel Pava, cabo de guardia asignado para el día del atentado.
La decisión se tomó después de inspecciones adelantadas por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales que escuchó los testimonios de testigos y la practicó varias pruebas técnicas.
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En la investigación prelliminar la Procuraduría señaló que en el caso el comandante de la Brigada 30 que “debió gestionar, adelantar, facilitar, en fin, suministrar lo requerido por el BASPC (Batallón de Apoyo y Servicios de Cúcuta) para suplir la necesidad planteada y ampliamente documentada sobre los binomios caninos para el control de ingresos de vehículos y correspondiente inspección, a fin de detectar en ellos presencia de explosivos y de esa forma, garantizar el servicio de guardia y seguridad del gran establecimiento militar, en el cual no solo se ubica el batallón BASPC, sino todas las unidades incluso, agregadas al referido cantón”.
Los militares son investigados por omisión de sus funciones, pues al parecer el día del atentado la camioneta cargada de explosivos ingresó a las instalaciones militares sin los controles necesarios que hubiesen permitido frustrar el hecho delictivo.
En el caso del mayor Fredy Castillo, al capitán Carlos Mayorga y al mayor Humberto Parada Galvis, al igual que el soldado Iván Yáñez Carvajal, la Procuraduría General archivó la investigación al determinar que no tenían vinculación con los hechos.
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