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Un juez de control de garantías tumbó por segunda oportunidad el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía General y el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno dentro del proceso que se adelanta por el denominado “Cartel de la Toga”.
En la audiencia celebrada este jueves, el funcionario judicial consideró que el documento firmado entre Moreno y el ente investigador no cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley en este tipo de casos, hecho por el cual rechazó lo pactado entre las dos partes.
El ente investigador solicitaba que se frenara la persecución penal durante 12 meses en contra de Moreno por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada, esto a cambio de colaboración con las autoridades en las investigaciones por este escándalo de corrupción.
La Fiscalía General tuvo que replantear el principio de oportunidad luego que el pasado 16 de enero, la jueza 23 de control de garantías tumbará la negociación al considerar que existían errores de fondo en el documento firmado con el exfiscal Moreno.
“La Fiscalía hizo mención a varios procesos que son adelantadas en la Corte Suprema de Justicia y que se encuentran en etapa de investigación, así como relaciona otros que se adelantan en la justicia ordinaria. Por lo tanto, la determinación se debe conocer sobre el acuerdo total, y este despacho no tiene competencia sobre los radicados conocidos en la Corte Suprema, porque se hace inadmitido el acuerdo jurídico aquí presentado”, afirmó en esa oportunidad la jueza.
En el nuevo documento, la Fiscalía General solamente hizo referencia a los procesos contra los no aforados constitucionales, argumentando la voluntad de colaboración con la justicia que ha mostrado el exfiscal sobre los hechos mencionados.
La investigación en contra de Luis Gustavo Moreno, advierte de su actuar como abogado penalista al parecer favoreció la manipulación de procesos dentro de la Corte Suprema de Justicia, cobrando comisiones a congresistas para desviar los procesos que se adelantaban en el alto tribunal.
La información que el ex fiscal anticorrupción entregaría, estaría relacionada con los pagos de los congresistas Musa Besaile por 2.000 millones de pesos, Álvaro Ashton por $1.200 millones; Julio Manzur por 2.000 millones de pesos y al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.
