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El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó por 18 años al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, al comprobar que se interesó ilegalmente en el acto de cesión con el que se favoreció a Conalvías por un contrato por valor de 218 mil 352 millones de pesos, aproximadamente.
"El despacho del procurador general inició un nuevo proceso para investigar la cesión del contrato 137 de la Fase III de Transmilenio que el ‘Grupo Nule’ le hizo al Grupo Empresarial Vías de Bogotá (Conalvías), en el que, presuntamente, el entonces mandatario distrital, Samuel Moreno Rojas, tenía intereses directos e ilegales de dicha cesión", explicó Ordóñez Maldonado.
Igualmente, el jefe del ministerio público resaltó que se determinó que "a través de maniobras de engaño y presión, Liliana Pardo Gaona, directora del IDU para la época de los hechos y actual prófuga de la justicia, impidió que otras empresas pudieran participar en igualdad de condiciones en la negociación de la cesión, la cual el Grupo Nule le hizo a Conalvías, a pesar de que ese grupo empresarial no cumplía con las condiciones jurídicas y financieras. Cabe precisar que, a pesar de las falencias antes mencionadas de Conalvías, el IDU, con la intención de favorecer a este grupo empresarial, las avaló".
Agregó el jefe del órgano de control que esta cesión del contrato se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Tequendama el 18 de febrero del 2010, con la participación de Samuel Moreno Rojas, "quien direccionó ese acto para que se cediera el contrato única y exclusivamente a la promesa de sociedad futura Vías de Bogotá, cuyo principal accionista era Conalvías, que para esa fecha no estaba habilitada ni jurídica ni financieramente para adelantar las obras de Transmilenio en lo que correspondió a la Fase III de la calle 26".
Puntualizó el procurador Ordóñez que en esta investigación se demostró también que el Grupo Empresarial Vías de Bogotá no devolvió los más de 28 mil millones de pesos al IDU del anticipo del contrato, ya que Liliana Pardo Gaona, como directora general del IDU, omitió el cobro a Conalvías.
"Está probado de manera suficiente y concreta que Samuel Moreno Rojas fue quien hizo nacer la idea de la transgresión de la ley tanto en Liliana Pardo Gaona como en Néstor Eugenio Ramírez Cardona, también exdirector del IDU, por lo que actuó como determinador", aclaró el jefe del Ministerio Público.
Finalmente, en esta decisión, Ordóñez Maldonado ordenó expedir copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la conducta de Andrés Jaramillo, representante legal de Conalvías, ya que también sería artífice de los hechos de corrupción por los que se sancionó a Moreno Rojas.
