Reparto en proceso con repercusión económica suscita dura controversia

Una dura polémica se desató en las últimas horas por cuenta de un proceso que tiene una importante repercusión económica.

Se trata del caso que se adelanta en Barranquilla (Atlántico) por parte de los perdedores en un veredicto de un arbitramento que se llevó a cabo en Bogotá.

Paradójicamente, este caso, que tuvo varias dificultades en el proceso de reparto, tiene involucrados a una fiscal que se hizo célebre hace varios años y a un juez que es investigado en un caso de red de corrupción.

Polémica por la fiscal y el juez del caso

Una dura polémica se desató en las últimas horas por cuenta de la forma en que se dio el reparto en un sonado caso de repercusión económica.

Se trata primero del nombre de Karol Manotas Ortíz, fiscal de la unidad de delitos contra el patrimonio (Barranquilla), que en 2016 fue registrada por la Policía y se negó a entregar los documentos.

Ella, la fiscal Manotas, ahora tiene en su despacho la investigación penal que presentó la empresa de energías Termonorte, perdedora de un laudo arbitral por más de $13.000 millones contra Amperia.

De momento, la compañía Amperia fue citada para que conozca la totalidad de los procesos que, aunque inicialmente fueron adelantado en Bogotá, ahora están en Barranquilla.

Ahora bien, lo polémico es que al momento de la audiencia y saber quién era el juez que llevaría el proceso, en el Centro de Servicios Judiciales se argumentaron una serie de excusas técnicas.

Luego de haber insistido en la necesidad de saber quién estaba con el caso, se conoció que en el caso estaba José de Jesús Otero, investigado por presuntamente integrar una red de corrupción en Barranquilla, de acuerdo al escrito de acusación en su contra.

Termonorte y su defensa del proceso

Sobre el proceso, Termonorte emitió en las últimas horas un comunicado donde indica que el laudo arbitral es “injusto y apartado de la práctica legal y de procedimiento”.

Además, defienden la aplicación de la justicia acudiendo a las diferentes instancias judiciales que brinda el Estado de derecho.