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En lo corrido de este martes, 12 de diciembre, en el Senado de la República varios representantes de entidades del gobierno se reunieron para radicar el proyecto que busca solucionar el problema carcelario del país, con el respaldo y acompañamiento del Ministerio de Justicia, Asointermedias y Asocapitales.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, integrantes de la Comisión Primera y de la Comisión Accidental de Asuntos Carcelarios del Senado y representantes a la Cámara radicaron en el Congreso de la República dicho proyecto de ley.
La iniciativa, tiene como fin mejorar la situación que atraviesan las personas privadas de la libertad a nivel nacional, definir responsabilidades tanto del Gobierno Nacional como de los entes territoriales y buscar fuentes de financiación.
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Por otra parte, entre las propuestas del proyecto está definir las competencias de los niveles de Gobierno, es decir, que la población condenada continúe en cabeza del Gobierno Nacional, mientras que la responsabilidad de la población con medida de aseguramiento se distribuye de acuerdo con las penas a imponer.
Con lo anterior, el Gobierno deberá encargarse de los sindicados con penas máximas, mientras que las gobernaciones se encargarán de los detenidos con sentencias intermedias y las ciudades o municipios que tengan un mayor índice de delito en el país, de los privados de la libertad con condenas mínimas, procurando una distribución equitativa de las cargas entre las partes.
"Yo creo que este es un esfuerzo importante que hemos desarrollado desde las alcaldías o capitales, con la participación de alcaldes, alcaldesas y todo el Gobierno Nacional para que realmente sea la forma de solucionar un pendiente que son de más de 30 años cuando el delito pues pasen del orden departamental y los grandes delitos que sean del orden nacional", explicó el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.
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Cabe mencionar que los ponentes del proyecto tienen como fin crear las cárceles regionales para que las gobernaciones puedan generar sistemas de integración con aquellos municipios que no aportan un número significativo de personas privadas de la libertad o carezcan de recursos para un establecimiento de reclusión propio.
Finalmente, las nuevas fuentes de financiación, provenientes de fondos existentes y multas impuestas en procesos penales, así como la implementación de este proyecto tendría un costo superior a los 4 billones de pesos, proyectado a los próximos seis años.
