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La Procuraduría solicitó a la Jurisdicción Especial para La Paz, decretar la práctica de pruebas que permitan comprender lo ocurrido con el Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), con referencia al macrocaso 04 que investiga las situaciones territoriales de la región de Urabá durante el conflicto.
En este caso, el tribunal especial de paz ya ha escuchado a los directivos del Fondo para establecer cuáles son los hechos que rodearon las acciones de violencia, para despojar a los campesinos de sus tierras.
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El Ministerio Público consideró que, si bien se convocó a los comparecientes a rendir nuevas versiones voluntarias e incluso se practicó una colectiva, y se advierte un avance en el aporte de verdad, “siguen existiendo contradicciones en los relatos que no permiten alcanzar una comprensión coherente de lo ocurrido al interior del FGC”.
la Procuraduría pidió a la Sala de Reconocimiento de Verdad, poner a disposición de los comparecientes, lo dicho por Sor Teresa Gómez para que en un espacio judicial tengan la oportunidad de referirse a las “inculpaciones” o “favorecimientos” que presentó en su declaración, puesto que, si bien el testimonio está disponible al público, no se les ha brindado la posibilidad de pronunciarse al respecto.
También, que sean escuchados en declaración los señores Guido Vargas alias “Camisa Verde” y Marcos Furnieles, socios y comisionistas de la señora Sor Teresa Gómez.
“Para que esclarezcan a la magistratura el momento en el cual ocurrió el desplazamiento de las personas de la región de Tulapas; cómo se logró el despojo de tierras, los parámetros de negociación de los predios, la forma de pago y titulación, y su relacionamiento con miembros de la Junta Directiva del Fondo”, resalta el documento de la Procuraduría.
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Para el ente de control, es necesario llamar a declarar a gerentes de varias empresas y consorcios que adjudicaron contratos para el mejoramiento de las condiciones ambientales y de agricultura de la región.
