La FM en Google News
Este juzgado revocó la decisión de primera instancia, contra 5 personas implicadas en posibles irregularidades en la celebración de un contrato entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Prociencia.
La decisión ordena la captura de: Olga Lucia Pérez Gutiérrez (representante legal de la fundación), Flor Elena Pérez Gutiérrez (Tesorera de la fundación), Patricia Del Carmen Arnedo Pombo (representante Legal de la fundación en 2015), Iván Camilo Mendoza Pérez (hijo de la tesorera de la fundación y proveedor) y María Camila Mendoza Pérez (hija de la tesorera de la fundación y proveedor).
Estas personas fueron procesadas por delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
El proceso por el cual fueron vinculadas estas personas obedecen a presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de aporte No. 1333 de diciembre 30 de 2014 por valor de $7.818’524.064 suscrito por el ICBF y la Fundación Prociencia, cuya representante legal es Olga Lucía Pérez Gutiérrez.
A través de este contrato se pretendía garantizar la atención integral a 3.744 beneficiarios entre niños y niñas de cero a cinco años y madres gestantes y lactantes en 10 municipios del departamento de Bolívar, en la vigencia de 2015.
“Tras las labores desplegadas por el equipo de policía judicial, se pudo develar, a través de peritajes contables e inspecciones a lugar, la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía aproximada de mil quinientos millones seiscientos de pesos ($1.500.000.000), mediante el cobro al ICBF de refrigerios y complementos nutricionales que al parecer no fueron entregados, además de presuntos sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato y falsedades de facturas, entre otras irregularidades”, informó la Fiscalía.
Así mismo, la investigación realizada por el ente acusador reveló que para la apropiación de los recursos, fueron creadas a nombre de los hijos de la actual tesorera de la fundación, tres empresas proveedoras de fachada que funcionaban en el mismo lugar de la residencia de la señora en mención, para vender con presuntos sobrecostos y mediante la falsificación de facturas refrigerios y complementos nutricionales a la fundación que posteriormente fueran cobrados al ICBF.
En la decisión de primera instancia, el Juez de Control de Garantías de Cartagena, acogió los argumentos del abogado defensor Inocencio Meléndez, que sustentó que los recursos del ICBF no eran dineros públicos, por lo que negó las medidas de aseguramiento solicitadas por la Fiscalía, correspondiente a detención preventiva en centro carcelario.
