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La Corte Suprema de Justicia ordenó la práctica de pruebas en el estudio de la solicitud de extradición presentada por una Corte del Estado de Florida de los Estados Unidos en contra de Omar Ambuila, el exjefe de carga de la Dian en Buenaventura, por delitos relacionados con el lavado de activos.
El despacho del magistrado Eyder Patiño Cabrera fijó el pasado 25 de octubre el inicio de la realización y solicitud de pruebas documentales y testimoniales para el estudio del caso. Durante diez días, los sujetos procesales (Ministerio de Justicia, Procuraduría General y defensa de Omar Ambuila).
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Finalizado este período, el alto tribunal definirá si existen o no méritos para avalar la solicitud de extradición presentada a principios de este año en contra del exfuncionario de la Dian quien ya enfrenta en Colombia, junto a su esposa e hija, un proceso penal por concierto para delinquir y lavado de activos.
El pasado 23 de abril, Ambuila fue recapturado tras una operación conjunta adelantada por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI y la Policía Nacional, que señalaron que gracias a su cargo habría permitido “el ingreso sistemático por el puerto de Buenaventura a cambio de millonarios dividendos”.
En 2019, fue vinculado a una investigación formal por un supuesto incremento injustificado en su patrimonio y el de su núcleo familiar. Tras hacer los rastreos y las indagaciones se pudo establecer que el funcionario estaría recibiendo sobornos y comisiones a cambio de omitir acciones de control y permitir el ingreso de mercancía de contrabando.
Pese a su salario, los Ambuila vivían una vida llena de lujos y excentricidades. Prueba de esto es el carro marca Lamborghini –avaluado en 330 mil dólares- que manejaba su hija, Jenny, mientras estudiaba en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos.
Igualmente, la familia tenía un lujoso apartamento en el barrio Pance, en el sur de Cali, así como otras propiedades y lujos. Por estos hechos fueron llamados a juicio por los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contratabando, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.
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Por estos hechos de corrupción registrados cuando trabaja en el Grupo Interno de Trabajo (GIT) Control de Tránsitos y Carga de la División de Gestión de Operación Aduanera Ambuila fue destituido e inhabilitado por 18 años para ocupar cargos públicos por la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales de Colombia (ITRC).
En repetidas oportunidades la familia Ambuila se ha declado inocente, rechazando las acusaciones hechas en su contra. Igualmente, han buscado pedir la nulidad de todo el proceso penal.
