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En la audiencia de imputación de cargos en contra de la exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), María Cristina Palau, la Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles del entramado de corrupción que se registró en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
El ente investigador señaló que los congresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías resultaron beneficiados directamente con la celebración y ejecución de millonarios contratos en abril de 2017 cercanos a los 16 mil millones de pesos.
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Los dos congresistas del Partido de ‘La U’ se habrían quedado con un porcentaje del valor total de los contratos, los cuales terminaron en manos de sus recomendados o cuotas, completando así la red de corrupción.
La Fiscalía evalúa la celebración de diferentes contratos entre la Uspec y Fonade para la construcción y modernización de cárceles, así como obras de vivienda de interés prioritario en varias regiones del país.
En las pruebas recolectadas han sido mencionados los dirigentes políticos Richard Kamal Náder Orsogoitía, Amauri Segundo García de la Espriella, Musa Besaile y Bernardo Elías Vidal de haberse visto beneficiados con la entrega de estos contratos.
Besaile y Elías se encuentran actualmente privados de su libertad. El primero enfrenta un proceso penal por el escándalo del ‘cartel de la toga’, mientras que el segundo cumple una condena de cinco años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el caso Odebrecht.
El pasado 11 de abril, un juez de control de garantías de Bogotá envió a la cárcel a la exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Establecimientos Carcelarios (Uspec), María Cristina Palau en el marco del proceso penal que se le adelanta por las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración de millonarios contratos.
Palau, que es procesada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito, habría ordenado la celebración de contratos para la remodelación de las cárceles de Cómbita (Boyacá) y de Pereira (Risaralda).
La Fiscalía General reveló en esa oportunidad que en la celebración de estos mediante el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) se habrían presentado graves irregularidades y casos de corrupción.
La investigación surgió tras la denuncia presentada en mayo de 2017 por un contratista ante el Ministerio de Justicia. En la acción señaló que la entonces directora de la Uspec le había pedido tres mil millones de pesos con el fin de beneficiarlo con la adjudicación del contrato para remodelar las dos cárceles.
En una reunión celebrada en un hotel en el occidente de Bogotá, a muy pocos metros del búnker de la Fiscalía, el contratista le entregó a la funcionaria 600 millones de pesos como parte del anticipo para recibir el contrato.
Sin embargo, el contrato nunca le fue adjudicado. Al reclamarle a Palau por la situación, ella le manifestó que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo estaba revisando dicha contratación.
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