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El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González, le pidió formalmente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, profundizar la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y verificar con rigor las nuevas revelaciones públicas sobre los posibles responsables intelectuales del crimen.
En una comunicación dirigida a la jefa del ente acusador, el ministro reconoció los avances de la Fiscalía, incluidas las capturas, judicializaciones y condenas, pero advirtió que el caso no puede considerarse completamente esclarecido mientras no se determine quién ordenó el asesinato, quién lo financió, cómo se coordinó y si hubo personas que facilitaron su ejecución desde posiciones de poder o con acceso a información institucional.
Sobre el hecho, hay que recordar que Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025, en Bogotá, y murió el 11 de agosto de ese año.
Nuevas revelaciones bajo verificación
La solicitud se conoce después de que María Claudia Tarazona, esposa del dirigente político, divulgara el pasado 15 de octubre el contenido de unos mensajes que, según explicó, fueron recibidos y posteriormente entregados a las autoridades.
En esas comunicaciones se menciona al exrepresentante a la Cámara Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá, y se habla de la supuesta organización de un atentado, así como de una posible orden que habría salido del Senado.
De acuerdo con la solicitud del ministro, se pidió que se verifiquen la autenticidad, la integridad, las fechas, los metadatos y el origen de esos mensajes, además de identificar a sus remitentes y contrastar la información con otras pruebas.
En este punto, es importante precisar que estas son afirmaciones que deben comprobarse. El propio documento señala que Albán y el partido Comunes han rechazado los señalamientos.
Además, el Ministerio solicita que se examinen nuevas versiones mencionadas por Tarazona en una entrevista publicada el 18 de octubre, en la que se refirió a Enrique Marulanda, señalado por ella como hijo de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y a su presunta relación con la orden y coordinación del crimen.
Estas afirmaciones tampoco están acreditadas judicialmente y, según el ministro, deben someterse a una verificación independiente.
La posible cadena de mando y financiación
Otro de los puntos centrales es establecer si hubo vínculos con alias John 40, con la Segunda Marquetalia y con una presunta explotación minera ilegal en los departamentos de Vaupés o Guainía.
La petición también incluye rastrear la procedencia del dinero utilizado para cometer el asesinato, verificar versiones sobre posibles transferencias o apoyos provenientes de Venezuela y reconstruir los contactos, pagos y comunicaciones entre quienes pudieron planear, financiar, coordinar y ejecutar el atentado.
Cancino pidió, además, examinar si existió alguna participación, colaboración u omisión penalmente relevante de funcionarios públicos o particulares con acceso a información institucional, y esclarecer las versiones sobre una posible orden originada en el Congreso.
El documento también plantea revisar las alertas y amenazas previas contra Miguel Uribe, las solicitudes de protección y las respuestas de las autoridades, sin presumir responsabilidades de los integrantes de su esquema de seguridad.
El eventual fuero de Marcos Calarcá
En el caso de Luis Alberto Albán, el ministro solicitó evaluar la remisión de los elementos pertinentes a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para que determine si existe competencia de ese alto tribunal por el eventual fuero constitucional.
Sumado a eso, la petición tiene en cuenta que Albán fue representante a la Cámara entre 2022 y el 20 de julio de 2026, mientras que el atentado ocurrió en 2025. La Constitución establece que, tras dejar el cargo, el fuero se mantiene para conductas punibles relacionadas con las funciones desempeñadas. Por eso, la competencia debe ser examinada por la autoridad judicial correspondiente.
Finalmente, el Ministerio pidió preservar las pruebas, proteger a testigos e investigadores e incorporar las declaraciones de personas procesadas o condenadas que puedan aportar información sobre los posibles determinadores y financiadores.
El ministro insistió en que no se trata de convertir versiones periodísticas en condenas, sino de verificar cada señalamiento, descartar lo que no tenga sustento y avanzar hasta esclarecer todas las responsabilidades en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
La solicitud busca que la investigación no se limite a identificar a quienes ejecutaron materialmente el asesinato, sino que permita establecer quién lo ordenó, quién lo financió y si hubo otras personas o estructuras detrás del crimen.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué le pidió el ministro de Justicia a la Fiscalía?
Profundizar la investigación para establecer quién ordenó, financió y coordinó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, más allá de los autores materiales.
¿Qué revelaciones pidió verificar?
Mensajes divulgados por María Claudia Tarazona que mencionan a Marcos Calarcá, además de señalamientos sobre Enrique Marulanda y posibles vínculos con la Segunda Marquetalia. Son afirmaciones pendientes de verificación.
¿Qué se busca establecer sobre la financiación del crimen?
La procedencia del dinero, posibles nexos con alias John 40, una presunta explotación minera ilegal y eventuales transferencias o apoyos provenientes de Venezuela.
¿Por qué se menciona a la Corte Suprema de Justicia?
Porque el ministro pidió evaluar si corresponde remitir pruebas sobre Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, para que la Corte examine si conserva el fuero constitucional por hechos relacionados con sus funciones como congresista.
