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Según información suministrada por el Ministerio Público, la indagación preliminar que recae contra 20 gobernaciones y 35 alcaldías del país, busca establecer si los entes territoriales incumplieron “de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada”, por lo que se analizarán las actuaciones adelantadas entre los periodos 2012 a 2015.
Procuraduría abre indagación a 20 Gobernaciones y 35 Alcaldías por incumplimientos a desplazados
En el caso del departamento fueron citadas la Gobernación de Bolívar y se vincularon al proceso disciplinario a las alcaldías de Magangué y El Carmen de Bolívar.
“Celebramos que por fin la Procuraduría se ponga seria en el tema de seguimiento a la Ley 1448. Los gobernadores deben rodearse de personas que sepan del tema de víctimas, de buenos asesores al igual que los alcaldes, para que no les permitan caer en la situación en la que ha caído la Gobernación de Bolívar en estos momentos. El gobernador saliente, el señor Gossaín, tendrá que responder por su incumplimiento”, expresó.
De igual modo, Florez aseguró que “no tiene dudas” que en la pasada administración departamental se incumplió en la implementación de acciones efectivas en beneficio de la población desplazada y víctimas del conflicto, por lo que sostuvo que desde la Mesa Departamental se aportará a la investigación que ha abierto a la Procuraduría al respecto.
“Seguiremos aportando porque queremos que la ley se implemente y que se le de el trato digno a las víctimas, sobretodo las de desplazamiento forzado. En estos momentos se debería estar dando cumplimiento a la fase de restablecimiento socio-económico y desafortunadamente no existe una política pública ni nacional ni territorial en esta línea”, apuntó.
Otro punto que asegura el líder de víctimas que no se ha cumplido a cabalidad, es el relacionado con el retorno al territorio. Sostiene que muchas de las familias que salieron de tus tierras por culpa de la violencia y que han regresado, lo han hecho por decisión propio más por acciones que se hayan tomado desde la Administración Departamental y Nacional.
“A excepción del Salado en el Carmen de Bolívar y de Las Palmas en San Jacinto, e incluso en Marialabaja; nosotros hemos observado que el resto de comunidades no ha tenido esa oportunidad de acompañamiento formal del Estado en su retorno y reubicaciones. Es decir, el recurso no está destinado al restablecimiento de las poblaciones, a recuperar el tejido social de las comunidades, sino que está siendo tenido en cuenta para otras cosas menos importantes”, aseveró.
Puntualizó Florez que, en la actual administración departamental, liderada por el gobernador Dumek Turbay Paz, el panorama tampoco ha tenido una atención especial y prueba de ello es que en lo que va del año no ha sido posible que la Mesa Departamental de Víctimas se reúna, en parte por la poca diligencia que a mostrado a encargada de la Secretaría de Víctimas, Marta Reyes.
En la base de la Unidad Nacional de Víctimas aparecen registradas 310.170 víctimas en Bolívar, de las cuales 304.829 son por el conflicto armado.
