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Una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca será la encargada de resolver el paquete de demandas con el que se busca tumbar el nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia Ante la FAO, en Roma (Italia).
Se trata de la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, quien fue elegida en un sorteo vía reparto para conocer las cinco acciones judiciales presentadas para ese fin.
“Efectuado el sorteo, se extrajo la balota correspondiente al número 3, lo cual indica que el despacho del magistrado Claudia Elizabeth Lozzi Moreno conocerá del trámite de los procesos acumulados en providencia de fecha 20 de junio de 2024, por secretaría se procederá a efectuar las corespondientes constancias” señala la decisión del Tribunal.
Estas cinco demandas llegaron en su momento a diferentes despachos judiciales del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de las cuales se solicitó que se declare la nulidad del Decreto 0108 del 6 de febrero de 2024.
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Por medio de este decreto, la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores hicieron oficial el nombramiento de Armando Benedetti como Representante Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.
“La FAO es un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas, con sede en Roma, establecido en 1945 con el propósito de elevar los niveles de nutrición y de vida de todas las personas en sus Estados Miembros, aumentar la eficacia de la producción y la distribución de los productos alimenticios y agrícolas y contribuir a la expansión de la economía mundial y a liberar del hambre a la humanidad”, señaló la Cancillería en su momento.
Dentro de los argumentos de estas demandas, se plantea que el nombramiento de Benedetti fue irregular teniendo en cuenta que quien firmó el decreto para posesionarlo en el cargo fue el entonces canciller Álvaro Leyva, en momentos en que se encontraba suspendido por orden de la Procuraduría General de la Nación.
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Los demandantes de dicho nombramiento argumentaron que el exministro de relaciones internacionales Álvaro Leyva no tenía competencia para firmar el acto administrativo, por haber sido suspendido de su cargo.
