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La Procuraduría General levantó la suspensión que se le había impuesto al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón en el marco de la investigación disciplinaria que se le adelana por las celebración irregular en un millonario contrato de ayudas a los menos favorecidos durante la cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus.
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Palacios Calderón, quien había suspendido de su cargo el pasado 24 de abril, presentó mediante su abogado una serie de compromisos para no tener participación o conocimiento en la contratación de la Gobernación.
Igualmente se comprometió a aislarse por haber estado en contacto con una persona que dio positivo en coronavirus. La Procuraduría General anunció que continuará con la investigación y tomará medidas de vigilancia en su regreso a la Gobernación para evitar que incurra en otra falta disciplinaria.
Tras revisar la solicitud de revocatoria de la suspensión, el organismo de control disciplinario determinó que debido a la situación actual en el departamento es necesaria la presencia del gobernador electo.
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“Es imprescindible y urgente la continuidad de la función administrativa en la entidad territorial”, señala uno de los apartes de la decisión de la Procuraduría al señalar que el departamento alcanzó el 100% en la ocupación de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Francisco de Asis.
“(Es) imperioso optar por la garantía de los derechos fundamentales a la vida, y a la salud de la población habitante en la entidad territorial, y en consecuencia, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad resulta menester levantar la medida de suspensión provisional de Ariel Palacios Calderón en su calidad de gobernador del Chocó”, agrega el fallo de once páginas
Para evitar irregularidades en el proceso de contratación en el departamento se conformó un grupo de seguimiento con la Procuraduría Regional Chocó y las delegadas para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente y para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
Palacios Calderón es investigado penal y disciplinariamente por las irregularidades en la firma del contrato con Fundación Chocó Saludable, que tuvo un valor cercano a los 2.000 millones de pesos, para realizar cursos para entender la emergencia sanitaria producida por el Covid-19.
