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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciará este martes 16 de septiembre las primeras sentencias contra los siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc, quienes reconocieron responsabilidad en en un total de 21.396 casos de secuestros y otros crímenes conexos que fueron cometidos en el marco del conflicto armado entre 1993 y 2016.
Esta sentencia se constituye en la práctica en una sanción restaurativa que oscilará entre cinco y ocho años, con restricción de la libertad pero sin un día de cárcel, e incluyen avanzar en la búsqueda de desaparecidos de sus víctimas, trabajos en desminado humanitario, recuperación ambiental y otros proyectos esencialmente de memoria histórica.
Está sanción que se produce, luego de siete años de investigación, cobijará a Rodrigo Londoño Echeverri , conocido como Timochenko; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Jesús Toncel Redondo conocido como Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido como El Médico; Rodrigo Granda Escobar (Ricardo Téllez) y a los hoy congresistas por el partido Comunes Julián Gallo Cubillos, Carlos Antonio Lozada y Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas llevará a cabo una minuciosa labor de seguimiento a esta primera sanción contra estos siete exjefes de las Farc, para que constaten que estén cumpliendo con los proyectos restaurativos contemplados en la sanción.
El reporte de verificación de esta misión especial será entregado en su momento al respectivo consejo de seguridad de las Naciones Unidas.
Estos exjefes de las Farc serán sancionados por crímenes de guerra de como toma de rehenes, homicidio, tortura y tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado y por crímenes de lesa frente a otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, tortura, otros actos inhumanos, violencia sexual y esclavitud.
La JEP concluyó que estos siete exjefes del último Secretariado de las Farc fueron determinantes para la ejecución e implementación de la política de secuestro en todo el país, así como otros delitos que se cometieron en el contexto del cautiverio.
Los magistrados advirtieron que son máximos responsables de tres políticas o patrones criminales de secuestro. El primero, para financiar esa estructura guerrilla: segundo, para promover el intercambio por guerrilleros presos y finalmente, para ejercer control social y territorial.
