JEP cerraría la puerta a guerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad

Ante la comisión primera de la cámara de representantes fue radicada la ponencia de la reforma constitucional de Justicia Especial de Paz (JEP), sin embargo, en un apartado se buscaría cerrar la puerta a guerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad, para que puedan ser funcionarios públicos.

El Gobierno Nacional buscaría que se le ponga una limitante a los guerrilleros que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, si bien dentro de la JEP, sería decisión de los jueces, si pueden participar o no en política, existe una propuesta para que los guerrilleros con este tipo de delitos no puedan ser funcionarios públicos.

Según el viceministro del interior, Guillermo Rivera, esta propuesta será debatida a lo largo del trámite de esta reforma constitucional en el congreso, ante la crítica de algunos sectores de no limitar en absoluto, la participación en política de las Farc.

"Tenemos una propuesta que plantea que algunas posibilidades para quienes hayan pertenecido a una organización rebelde y hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno puedan también ejercer sus derechos con algunas limitaciones en esa materia. Entre esos derechos está la posibilidad de ser designado en algún cargo público”, afirmó.

A su turno, el coordinador ponente de esta JEP, el representante Hernán Penagos, del Partido de la U, explicó que esta propuesta cumpliría con la función de limitar en algo, esta participación de miembros de las Farc, al menos en cargos públicos, para que no puedan ser nombrados en ministerios o embajadas, por ejemplo.

“Si ellos están condenados a una pena restrictiva y cometen un delito de lesa humanidad, no pueden adquirir la categoría de empleados públicos, es decir que no pueden llegar a ser ministros”, precisó.

Hay que recordar que la Justicia Especial es prácticamente la columna vertebral de todo el proceso de paz, ya que allí se definirán las condenas para los guerrilleros y militares responsables de delitos relacionados con el conflicto armado.

Serán sanciones de entre cinco y ocho años para quienes confiesen que cometieron delitos graves.

La JEP contiene un capitulo muy importante que abrirá la puerta para la participación en política de los integrantes de las Farc.

Cuando la reforma constitucional esté aprobada, los guerrilleros quedarán automáticamente habilitados para comenzar a hacer su campaña política de cara a las elecciones del 2018, lo cual podría ocurrir desde marzo o abril de este año.