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A pocos días de que la Corte Suprema de Justicia anuncie la fecha de indagatoria al senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos -investigación donde el congresista Iván Cepeda figura como afectado- éste último ganó un pulso en el Alto Tribunal.
La sala de primera instancia de la Corte decidió no investigarlo por convocar a un debate de control político contra Uribe por presunto paramilitarismo.
El caso se remonta al 2014, cuando Milton Restrepo. militante del Centro Democrático, denunció a Cepeda por supuestamente violar la Constitución, cuando en el debate de control político adelantado el 17 de septiembre de ese año, se incluyó en el temario del Congreso “presuntos nexos o vínculos con grupos paramilitares y de narcotráfico, durante su gestión como exgobernador del departamento de Antioquia y expresidente de la República”
Según Restrepo, Cepeda había incurrido en un conflicto de intereses porque Uribe lo había denunciado el 23 de febrero de 2012 por visitar cárceles para entrevistarse con paramilitares. Ese es el mismo caso que terminó en una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.
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Pese a que también se criticó la publicación de un video que al parecer relacionaba al cuerpo de seguridad de Uribe con paramilitares, la Corte Suprema falló a favor de Cepeda y no le abrió investigación alguna.
“Al amparo del artículo sexto, numeral tres de la ley quinta de 1992, el cual permite a los congresistas ejercer ‘función de control político para requerir (…) conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado”, señala uno de los apartes de la decisión.
La Corte concluyó que la intervención de Cepeda en el debate de 2014 estuvo ajustada a la ley, “la iniciativa propuesta por el congresista, goza de inviolabilidad parlamentaria (…) la intervención del aforado se encuentra blindada por la garantía constitucional”.
También señaló la Corte que Cepeda no “se salió del libreto enfocado a cuestionar los diferentes problemas que agobiaban a las víctimas del paramilitarismo”, que había sido presentado y aprobado por el Congreso, previamente al debate de control político.
La decisión también cobijó al entonces representante a la Cámara, José David Name, quien participó en el debate como moderador.
“No existen, ni se descubren comportamientos, ni manifestaciones contrarias al ordenamiento penal, que hagan viable la tesis del denunciante, dirigida a consolidar conducta penal contra los investigados”, puntualizó la Corte.
