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La Fiscalía General de la Nación archivó el proceso contra Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, y Sandra Fonseca, expresidenta de la Empresa de Energía de Bogotá, por la venta y posterior compra de las acciones de la empresa Transportadora de Gas Internacional (TGI).
"Ha sido archivada la investigación que la Fiscalía llevaba contra mi por la compra de las acciones del socio privado en TGI. Si no es delito privatizar mucho menos desprivatizar y fortalecer el patrimonio público", señaló Gustavo Petro a través de su cuenta en Twitter.
La decisión también favorece a todos los miembros de la junta directiva de la entidad. La abogada Diana Maya, defensora de Fonseca, dijo que se demostró que la operación fue legal y en realidad se trató de dos negocios diferentes y no de una recompra, como se dijo en su momento.
“Se demostró que no hubo peculado por apropiación y que las actuaciones fueron ajustadas a la ley y a los procedimientos. No hubo apropiación por parte de mi cliente, o a favor de terceros, de los dineros de la Empresa de Energía de Bogotá”, puntualizó Maya.
Gustavo Petro
El 17 de junio de 2017, la Contraloría de Bogotá halló fiscalmente responsable al exalcalde de la capital del país Gustavo Petro, por presuntas irregularidades detectadas en la venta y recompra de acciones de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB).
La responsabilidad del exmandatario distrital fue establecida por un posible detrimento patrimonial a la ciudad, equivalente a $279 millones de dólares. Lo anterior en medio de una negociación con la Transportadora de Gas Internacional, TGI.
De acuerdo con las indagaciones de los organismos de control, en 2011 la EEB vendió el 31,92 por ciento de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI) por 400 millones de dólares, y en 2014 recompró esa misma participación por 880 millones de dólares.
Dentro de esa misma investigación de responsabilidad fiscal se vincularon por parte de la Contraloría de Bogotá a por lo menos 12 funcionarios por dichas anomalías detectadas en esa compra y re-compra de acciones.
Sandra Fonseca
Sandra Fonseca celebró la decisión de la Fiscalía y recordó que la transacción “estuvo apegada a las recomendaciones de la banca de inversión, aprobadas por el exalcalde Gustavo Petro que en su momento era el presidente de la junta de la EEB”.
En el año 2011 la junta directiva de la EEB vendió un porcentaje de las acciones de TGI en 400 millones de dólares, por el que luego, en el año 2014, pagó cerca de 800 millones, es decir el doble de la venta inicial. Ante esto Fonseca explicó que “lo que se hizo en el 2014 fue comprar la participación de una empresa que ya había tenido inversiones, por un monto muy superior a la capitalización que se había hecho en su momento”.
La investigación inició por la denuncia de dos ciudadanos que argumentaron que al hacer la venta de las acciones de TGI y la posterior compra, se habría tratado de una única operación, en la que se dobló el precio de las acciones.
Por este caso, en el año 2016 la Contraloría abrió un juicio fiscal contra Gustavo Petro y la pasada junta directiva de la EEB por más de 500 millones de dólares que supuestamente perdió el Distrito tras la operación. “Cuando los inversionistas hicieron la capitalización pactaron que a los tres años podían pedir la compra de la participación y la junta decidió que era un buen negocio para la empresarial y se recuperaba el control de TGI”, recordó Fonseca.
Además aseguró que tras la venta y posterior compra, TGI es la mayor transportadora de gas de Colombia, la cual aporta mayores recursos a la EEB, siendo el accionista mayoritario que “tiene infraestructura de gasoductos en todo el país“.
