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La noticia de la indagación preliminar al expresidente Álvaro Uribe volvió a despertar al país político que estaba adormecido en medio de la pandemia. Desde que el senador acudió a la indagatoria con el magistrado César Reyes, no se conocen avances o decisiones en el caso por el que está vinculado formalmente a una investigación sobre fraude procesal.
La Corte debe decidir si solicitar medida de aseguramiento mientras se surte el proceso o dejar al senador en libertad hasta que se de finalmente un posible juicio. Esta es una decisión de no poca monta que, sea cual sea, va a generar una respuesta de polarización y seguramente protestas en las calles.
Pero, mientras ese proceso corre su curso de trámite, la Corte decidió abrir otra investigación, en calidad de indagación preliminar contra el expresidente. Esto quiere decir que el tribunal tendrá la posibilidad de decretar pruebas para verificar si decide vincular formalmente al expresidente a otro proceso en su contra, esta vez por las acusaciones sobre su supuesto papel en los perfilamientos y el caso de espionaje a periodistas, abogados y políticos de la oposición revelado por la Revista Semana.
La historia dentro de la Corte es más compleja de lo que parece. En diciembre del año pasado se conoció de un repentino allanamiento al batallón de ciber inteligencia en donde la Dijin y la Procuraduría hicieron las veces de Policía Judicial. Allí, especialmente la Procuraduría, recogió material abundante de información de los militares. Discos duros, usb, y otros documentos fueron llevados, primero al Ministerio Público para legalizar su recogimiento, y luego enviados entre enero y mayo al despacho de la magistrada Lombana que es quien está a cargo del caso.
El allanamiento se dio justamente por el anónimo que vuelve a ser noticia hoy. Ese documento que daba cuenta de las labores irregulares de inteligencia en el batallón de Faca y que decía que quien daba las órdenes del espionaje era Uribe, llegó en los primeros días de diciembre dos veces a la Corte. El anónimo fue enviado al correo de la magistrada Lombana y al correo de la Secretaría General de la sala de Instrucción compuesta por seis togados.
Cuando Lombana se dio cuenta del documento, decidió incluirlo a un caso de su despacho que tenía que ver con la fachada de Andrómeda, en donde se estaba utilizando un restaurante para hacer inteligencia a los negociadores de paz con las Farc entre el 2013 y el 2014. El veedor Pablo Bustos había pedido a la Corte que investigara si el expresidente Uribe era el beneficiario de esa información. La investigación contra Óscar Iván Zuluaga en ese caso fue archivada por la Fiscalía en el 2017 y en el 2019 ocurrió lo mismo con el entonces asesor espiritual de la campaña, Luis Alfonso Hoyos. Aunque el hacker Sepulveda sí fue condenado tras haber aceptado su responsabilidad en la intención de infiltrar los diálogos de paz.
Por la solicitud de Bustos, la Corte inició la investigación también contra el expresidente que lleva más de seis años hasta que tomó un giro por el anónimo recibido en diciembre. La magistrada Lombana decidió incluir esa denuncia a su investigación por una razón. El batallón que estaba relacionado al caso Andrómeda en su momento era el 03 de inteligencia, que tras el escándalo con el restaurante fachada, se transformó y se convirtió en el batallón de ciber inteligencia con sede en Facatativá. Por esa relación, la magistrada Lombana procedió a investigar el anónimo y dio la orden del allanamiento.
Mientras eso ocurría los magistrados de la sala se tardaron más de un mes en revisar el correo del anónimo que había llegado a la Secretaría y decidieron hacer el reparto que le correspondió al magistrado Héctor Alarcón. Finalmente, el magistrado Alarcón ordenó el pasado 15 de mayo abrir indagación preliminar contra el expresidente, sin tener en cuenta que Lombana ya venía adelantando esa investigación y que era su despacho el que tenía toda la información del allanamiento al batallón, en donde está el material relacionado al espionaje, los perfilamientos, y las actuaciones irregulares de los militares.
¿Por qué ocurrió el impedimento?
La magistrada Lombana tuvo que declarar un impedimento porque dentro de la información del allanamiento se encontró un enunciado de su nombre en un artículo de prensa que tenían en su poder los militares. Ante la posibilidad de terminar siendo parte civil del caso, lo hizo público a sus colegas de la sala, pero estos aún no han decidido si el expediente por ese enunciado tendría que ser remitido al despacho de otro magistrado. A Lombana la han cuestionado por haber sido parte de las fuerzas militares. De hecho era esta magistrada la que tenía el caso de fraude procesal contra Uribe que terminó en el despacho del magistrado Reyes por un recurso en contra de Lombana tras su relacionamiento con las Fuerzas Armadas.
También surge otra duda y es por qué, si la magistrada Lombana ya había sido recusada en un caso contra Uribe por haber estado subordinada a su mandato siendo parte de las fuerzas, no hizo lo propio con el anónimo cuando se enteró de que este mencionaba el nombre del senador. Pero abogados explicaron que cada caso es diferente y que tendría que evaluarse de forma independiente.
La sala tendrá que decidir en los próximos días si le quita un segundo proceso a la magistrada Lombana y se lo entrega a otro de los magistrados de la sala de Instrucción, en medio de un ambiente de acusaciones de parte y parte por supuestos conflictos de interés. Sin embargo, como ya lo expresó el abogado Jaime Granados de la defensa de Uribe, no se entiende por qué los magistrados decidieron evaluar un anónimo dos veces en dos despachos diferentes, cuando se sabía que la magistrada Lombana ya lo había incluido a su investigación. Ni los magistrados ni la Corte han aclarado esa pregunta de forma oficial.
El expresidente Uribe dijo en La FM que por ahora no pretende establecer ningún recurso contra esa decisión de la sala. Pero sí comentó que le preocupa que no hayan decidido el impedimento de Lombana y que se investigue un anónimo dos veces en la misma sala.
