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Una investigación periodística reveló la presunta existencia de minería ilegal en inmediaciones de una unidad militar en el Bajo Cauca antioqueño, lo que desató una fuerte reacción del Gobierno Nacional, que ordenó una verificación e investigación inmediata.
El reportaje fue publicado por The New York Times y firmado por el periodista Federico Ríos, quien documentó lo que ocurre en cercanías del Batallón de Rifles No. 31, ubicado en el municipio de Cáceres, subregión del Bajo Cauca.
Según la publicación, en la zona opera una mina conocida como “La Mandinga”, donde, de acuerdo con el testimonio recogido en terreno, mineros estarían adelantando labores de extracción ilegal. Lo más llamativo del caso es que esta explotación se realizaría en predios cercanos e incluso señalados como parte de la unidad militar.
El reportaje también advierte que quienes trabajan en esta mina tendrían que pagar al Clan del Golfo para poder operar, lo que evidenciaría el control de economías ilegales por parte de estructuras criminales en la región.
Tras la polémica generada, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde confirmó que se ordenó la apertura de una investigación inmediata.
“El Gobierno Nacional ordena una verificación e investigación tras conocerse denuncias sobre presuntas actividades de minería ilegal en terrenos de una unidad militar en el municipio de Caucasia”, señaló el funcionario.
En el mismo pronunciamiento, el jefe de la cartera de Defensa reiteró la política de “cero tolerancia” frente a la minería ilegal y los delitos ambientales, y subrayó que no se permitirá ningún tipo de vínculo entre integrantes de la Fuerza Pública y economías criminales.
Además, advirtió que tampoco serán admitidas omisiones en el cumplimiento del deber institucional. “El que incurra en vínculos, conductas irregulares o cualquier forma de connivencia criminal será investigado y enfrentará todo el peso de la ley”, indicó.
De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de este año las autoridades han intervenido cerca de 2.500 minas ilegales en el país, en medio de una estrategia que busca debilitar las fuentes de financiación de grupos armados ilegales.
Las autoridades han señalado que estas rentas ilícitas estarían siendo utilizadas por organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, incluidas estructuras al mando de alias Calarcá y alias Mordisco, para sostener sus actividades delictivas.
Finalmente, el Gobierno expresó su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública que cumplen su labor de manera transparente y reiteró su compromiso de actuar de forma articulada con las autoridades competentes para combatir las economías ilegales en el país.
