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El excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya Uribe le reiteró a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que él nunca tuvo participación o responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales que se registraron entre los años 2006 y 2008.
Al comienzo de la diligencia judicial, el oficial en retiro hizo una exposición de las acciones que adelantó contra la insurgencia como comandante del Ejército. En este sentido reseñó que todas las acciones operacionales que realizó estuvieron enmarcadas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), la Constitución Política y la ley.
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Durante 40 minutos, Montoya detalló el manual de operaciones que se seguía en el tiempo en el que ejerció la comandancia del Ejército y las directrices que le se daban a los comandantes de Batallón frente a la lucha antisubversiva.
Montoya, frente a una de las preguntas de los magistrados de la JEP, reveló detalles de la situación de orden público que vivía el país y los constantes operativos que se adelantaron contra estructuras subversivas en varias regiones del país con el fin de brindarle protección y seguridad a los ciudadanos.
En otro de los apartes de su declaración, el general en retiro leyó un documento en el que se señalaba las prácticas de las ejecuciones extrajudiciales nunca tuvieron que haberse presentado ni repetirse en el país. Al mismo tiempo, pidió perdón a todas las personas que pudieron haberse visto afectadas por el accionar del Ejército Nacional.
"Quiero expresar a toda y cada una de las personas afectadas por el accionar de algunos miembros del Ejército que considero que esto nunca debió haber sucedido y nunca debe repetirse", manifestó el oficial en la audiencia reservada.
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En el mismo documento, aseguró que todos sus subordinados y subalternos tenían una preparación para realizar operaciones militares, contando con una capacitación frente al respeto a los derechos humanos.
Igualmente, hizo un llamado de atención por las preguntas que se habían hecho en otras diligencias a suboficiales y oficiales del Ejército que se habían sometido a la JEP, señalando que ninguno de ellos estuvo bajo sus órdenes.
Tras finalizar la lectura del documento, el cual calificó como su versión para aportar por "el esclarecimiento" de la verdad "de la confrontación armada", el general Montoya citó su derecho a guardar silencio.
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Esta situación generó un gran debate en los magistrados de la Sala de Reconocimiento que suspendieron la diligencia. Después de esto le pidieron al general Montoya que respondiera una serie de preguntas sobre directrices operacionales y las órdenes que dictó cuando estuvo por la Primera División en Santa Marta, y por el Comando Conjunto Caribe.
Sin embargo, los abogados del oficial en retiro manifestaron que solamente harán referencia a temas generales. Esto molestó a las víctimas y sus representantes quienes consideraron una falta de respeto esta omisión a responder las preguntas.
El abogado Sebastián Escobar, quien representa a un grupo de víctimas, considera que va en contravía de la construcción de la verdad, la justicia y la reparación.
"Se hizo público que el general retirado Mario Montoya ha decidido invocar su derecho constitucional a guardar silencio durante la diligencia, a nosotros no solo nos preocupa su falta de compromiso con la verdad, en la Jurisdicción Especial para la Paz sino que esto riñe con lo acuerdos suscritos desde que se acogió al tribunal especial en octubre de 2019", manifestó.
Debido a esto analiza la posibilidad de pedirle a la JEP que tome medidas de fondo y se evalúe una posible exclusión de esta justicia especial. Considera que el hecho de responder cosas genéricas demuestran que no quiere aportar a la verdad.
