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La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia advirtió que a una pena de entre 11 a 14 años de prisión se podría enfrentar el general retirado del Ejército Nacional Jorge Arturo Salgado Restrepo, de ser hallado culpable en hechos de corrupción en millonarios contratos.
Esta eventual pena se relaciona con la supuesta comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.
Una vez fue interrogado por el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá el general Salgado Restrepo no aceptó los cargos imputados por el fiscal delegado.
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Los investigadores revelaron que hay suficientes pruebas que demostrarían que a cambio de la entrega de millonarios contratos, la firma Distrilogística P G S.A.S., le pagó cuentas personales al General en retiro por concepto de tiquetes aéreos para la familia, comidas en restaurantes, asados, puestos en palco para los conciertos de la Feria de las Flores, facturas de celular y de televisión satelital, suscripciones de prensa, entre otros.
De acuerdo con la Fiscalía la apropiación irregular que se le atribuye al oficial retirado - materializada en el pago de cuentas personales - ascendió a más de 151 millones de pesos.
"Los elementos de prueba conocidos en la investigación dan cuenta de que el exoficial, mientras se desempeñó como comandante de la Séptima División del Ejército Nacional entre 2016 y 2017, direccionó los contratos de cafetería y obra del Batallón de Servicios N°4 Yariguíes para que quedaran en manos de dos contratistas específicos", reveló el fiscal jefe de la Unidad delegada ante la Corte Suprema Gabriel Jaimes.
Los investigadores establecieron que de manera irregular fueron adjudicados nueve contratos de mantenimiento, adecuaciones y mejoramiento de las instalaciones, por un valor cercano a 1.500 millones de pesos, a Ingecodi S.A.S.; y seis contratos de cafetería y catering, que ascendieron a 331 millones de pesos, a Distrilogística P G S.A.S.
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Con base en las evidencias se logró documentar que los pliegos de las licitaciones públicas para dichos contratos, habrían sido entregados previamente a las empresas beneficiadas para que ajustaran sus propuestas.
De igual forma, por estos hechos el fiscal delegado solicitó imponer al general Salgado medida de aseguramiento de detención domiciliaria, para proteger la comunidad.
Por disposición del magistrado a cargo del caso, se fijó la fecha del próximo 27 de agosto para resolver si se le dicta o no detención domiciliaria al oficial en retiro.
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