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El pasado seis de agosto, la Fiscalía solicitó ante el juzgado 46 de garantías el retiro de la audiencia sobre el levantamiento de la suspensión del poder dispositivo de un bien presentado por el exsenador Otto Bula dentro del proceso que se le adelanta por su responsabilidad en el escándalo de Odebrecht.
Dicho bien, según se pudo establecer, se convirtió en un verdadero “dolor de cabeza” en el primer preacuerdo que se firmó con la Fiscalía, puesto que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) había reclamado el manejo de la finca ubicada en Montería (Córdoba) y cuyo valor comercial es de tres mil millones de pesos.
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La SAE ordenó entregarle la administración de este bien inmueble a un tercero, situación que generó un gran debate jurídico, hecho por el cual la Fiscalía General solicitó la compulsa de copias para que se investigara a los funcionarios que habían entregado el mencionado bien.
Bula, que se encuentra privado de la libertad desde enero de 2017, ha manifestado su deseo de colaborar con las autoridades judiciales en las investigaciones y procesos penales / disciplinarios que se adelantan por este hecho de corrupción.
En el nuevo documento se fija una salida para la entrega de este millonario bien para que pase al fondo de reparación de las víctimas reconocidas en este proceso penal.
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El exsenador liberal firmó un preacuerdo en el que se reconoce su participación en los delitos de tráfico de influencias y cohecho a cambio de una pena de cinco años y seis meses de prisión.
