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Un fiscal destacado ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), solicitó la colaboración de varios exnegociadores de paz, senadores y exsenadores para verificar si fueron víctimas de interceptaciones ilegales.
Luego de la respectiva verificación técnica, la Fiscalía recibió el informe, por parte de los peritos de Policía judicial, que determinó que no existió ningún tipo de seguimiento a los abonados telefónicos del senador Iván Cepeda, el exnegociador Humberto de la Calle y los asesores jurídicos de las antiguas Farc Enrique Santiago y Diego Martínez.
Asimismo, no se encontró registro alguno de una interceptación a los abonados telefónicos del presidente de la Sala del Tribunal de Arbitramento, Jorge Enrique Ibáñez, quien ha tenido a su cargo el caso del escándalo de corrupción de Odebrecht.
Así lo aseguró el vicefiscal general, Jaime Camacho, quien indicó que los investigadores se ha tomado muy en serio las denuncias que en su momento se formularon sobre casos de las chuzadas ilegales.
“Sobre la base de los números suministrados por los usuarios y de los que se han mencionado recientemente hay cinco personas que no han sido interceptadas por la Fiscalía”, dijo Camacho.
De otra parte, señaló que en el caso del empresario Carlos Mattos y el Abogado Alex Vernot, hubo interceptaciones que fueron legalmente practicadas y autorizadas por los jueces dentro del proceso que se les sigue por corrupción judicial.
En relación con las abogadas del llamado Clan del Golfo, como Consuelo Parra y Lina Sierra, se está verificando si hubo interceptaciones intermitentes que fueron identificadas.
“En el caso de Consuelo Parra se están verificando, porque hay interceptaciones intermitentes que vienen desde 2009, cada cierto tiempo, hasta 2016. Respecto de Lina Sierra, detectamos una interceptación de 2016 que se está verificando”, indicó Camacho.
Es de recordar que en su oportunidad, el fiscal General encargado, Fabio Espitia, precisó que los agentes de policía solamente encontraron una interceptación a la exsenadora Piedad Córdoba en 2019 y al ex ministro Álvaro Leyva Durán en 2013, de las cuales ya se solicitó la respectiva verificación del proceso.
En torno a estos hechos, el Fiscal General encargado indicó que se busca establecer si las interceptaciones de Piedad Córdoba y Álvaro Leyva fueron adelantadas de manera legal o si, como lo han señalado dos exfuncionarios de la Fiscalía, se realizaron incumpliendo los protocolos establecidos.
La investigación que se adelanta busca establecer si se presentó alguna falencia cuando se ordenó interceptar estas líneas telefónicas.
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En su momento, los fiscales Daniel Ricardo Hernández Martínez y Álvaro Enrique Betancur Martínez, le solicitaron formalmente al fiscal General (e) Fabio Espitia, que iniciara una investigación para establecer si en efecto se habían presentado irregularidades en las indagaciones que se adelantan por las interceptaciones ilegales y actividades de espionaje contra los negociadores del Gobierno en el proceso de paz en La Habana (Cuba).
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