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Las respectivas investigaciones se surten en atención a las denuncias realizadas por Marcha Patriótica, la Organización de Naciones Unidas, la Cumbre Agraria y la Defensoría del Pueblo.
Los investigadores también reportaron que por estos hechos aparecen vinculados un centenar de personas y más de 70 se encuentran privadas de la libertad, sindicadas de ser posibles autoras materiales de los asesinatos, ocurridos en 22 departamentos del país.
De acuerdo con el director nacional de Fiscalías Seccionales, Luis González, más del 50 por ciento de los casos investigados ya fueron esclarecidos.
“Tenemos 15 personas con sentencia, 29 en juicio, 14 en etapa de indagación y 18 con orden de captura y listas para hacerlas efectivas”, explicó el fiscal Luis González.
En desarrollo de estas investigaciones se estableció que las circunstancias de tiempo, modo, y lugar varían y no en todos los episodios denunciados se advierte una relación con la actividad de los líderes sociales.
Los fiscales añadieron que en otros de los casos se determinó como móvil disputas personales y actos de venganza.
El anuncio del ente acusador se da justo cuando la empresa minera Cerrejón le pidió a las autoridades investigar amenazas y atentados contra varios líderes sociales de La Guajira.
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Según la empresa, estas acciones han afectado a José Silva, vocero de la organización Nación Wayuu; María del Rosario Ruiz, Autoridad Tradicional de la comunidad Katsaliamana; Ever Epieyu e Isilia Pimienta, miembros de la comunidad.
“Ante esta situación la empresa, como lo ha hecho anteriormente, ha solicitado a las autoridades competentes adelantar las investigaciones que permitan encontrar y judicializar a los autores de estas amenazas y atentados; así como realizar las acciones que protejan la vida y dignidad de líderes y defensores de derechos humanos tanto de La Guajira como del país”, solicitó la empresa Cerrejón.
La minera igualmente, rechazó “cualquier sugerencia, insinuación o acusación de estar vinculado con estos hechos” .
