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El jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, dio a conocer que los empresarios que se vieron obligados, en el marco del conflicto armado en el país, a financiar grupos al margen de la ley, como paramilitares y guerrilleros, no tendrían que ir a la justicia especial para la paz.
"La situación es diferente para aquellos que voluntariamente hayan colaborado al financiamiento de estas organizaciones porque habrán de responder ante la justicia en Colombia a través de la justicia transicional o la jurisdicción ordinaria".
Entre tanto, indicó que la entidad tiene información sobre la presunta relación entre ese tipo de grupos con empresarios sobre unas supuestas relaciones ilegales, a propósito de una lista que se conoció de más de 50 empresas.
Martínez reiteró que "frente a las distintas versiones que manifiestan que deben comparecer obligatoriamente ante la jurisdicción especial para la paz, hay que decir que el acuerdo reconoce que los terceros que colaboraron en el financiamiento pero fueron objeto de la coacción, no son objeto del tribunal especial."
Cabe recordar que en esa base de datos reposan empresas dedicadas a la ganadería, la agricultura, los textiles, el transporte, la minería, la avicultura, los lácteos, entre otras actividades.
